El grupo municipal Popular de Logroño ha avanzado que recurrirá judicialmente los proyectos de las obras de los ejes ciclistas Paseo del Espolón-Plaza de la Diversidad y Oeste y ha reclamado la anulación y suspensión de la contratación de esas actuaciones al entender que son nulos de pleno derecho.

El portavoz popular en el Ayuntamiento logroñés, Conrado Escobar, y su compañera de grupo Celia Sanz se han referido este viernes, en un encuentro informativo, al inicio de estas actuaciones con la presentación de un recurso de reposición ante el Consistorio, previo a la vía judicial ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.

Han afirmado que han puesto en manos de un despacho jurídico especializado el estudio de "una eventual concurrencia de responsabilidad penal".

Para los populares, existe "un cambio en el modelo de ciudad perpetrado de manera encubierta y mediante parches a través de proyectos de urbanización, con total desprecio por el ordenamiento jurídico vigente y sin contar con el previo marco normativo".

Ese recurso de reposición, presentado este viernes, alude a los acuerdos de la Junta de Gobierno local del pasado 3 de junio, por los que se aprobaron ambos proyectos y los expedientes de contratación de las respectivas obras.

"Solicitamos que se anulen los acuerdos y se suspendan los expedientes de contratación de las obras" al considerar que son "proyectos nulos de pleno derecho", ha indicado Escobar, para quien los acuerdos impugnados no tienen el amparo normativo necesario.

Ha detallado que fueron aprobados por "un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia", ya fueron dictados "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

A ello ha sumado que el proyecto del eje ciclista Paseo del Espolón-Plaza de la Diversidad no está firmado por un técnico competente.

El PP, en su recurso, asegura que "ambos proyectos pasarían a ser actuaciones definitivas y permanentes que alteran la regulación y la ordenación del tráfico urbano de la ciudad" y "se han planteado olvidando el ordenamiento jurídico aplicable".

Ha recordado que la competencia para regular y ordenar el tráfico urbano de la ciudad es del pleno del Ayuntamiento de Logroño, a través de la ordenanza municipal, y no de la Junta de Gobierno local a través de proyectos de urbanización.

El recurso está sustentado por un informe técnico, emitido por el arquitecto Enrique Manzano y en el que se afirma que "se está transformando profundamente urbanísticamente el municipio de Logroño a espaldas del planeamiento existente, sin someterse a ningún plan normativo redactado" y "sometido a los plazos de aprobación e información al público obligatorios y sin estar publicados en boletín alguno".

El Ayuntamiento de Logroño, según este recurso, ha provocado "una perversa inversión de los procesos de planificación, que dispone de actuaciones dispersas sin ninguna relación estructural entre ellas".

También se incide en que los dos proyectos de urbanización recurridos no cuentan con informes especializados, no se han sometido a un trámite de audiencia y "se ha hurtado a los vecinos de Logroño la posibilidad de impugnar adecuadamente el cambio de modelo de movilidad de ciudad".

Ello conlleva, ha dicho, que vulneran el principio de legalidad y el derecho a participar e "incurren en desviación de poder y fraude de ley al intentar reordenar la ciudad al amparo de instrumentos no idóneos".

El Gobierno local, según el Grupo Popular, ha aprovechado la situación provisional y de emergencia generada por la pandemia para "implementar actuaciones definitivas y permanentes que alteran la regulación y la ordenación del tráfico urbano sin cumplir con el procedimiento legal establecido".

Escobar y Sanz han incidido en que ni "Logroño Calles Abiertas", ni la "Estrategia para la movilidad activa en Logroño. covid-19", ni los proyectos de urbanización que se impugnan han sido sometidos a los mecanismos de control, a los que sí están sometidas las ordenanzas municipales y los instrumentos de planeamiento.