La Rioja Sin Barreras, junto a todo el movimiento asociativo de las personas con discapacidad física y orgánica del país, representado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ha reclamado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que "este grupo social y las personas vinculadas al mismo sean priorizadas en la estrategia de vacunación frente al covid-19 de España e incluidas en el siguiente grupo de vacunación".

En un comunicado de prensa recogido por Europa Press, han indicado que "es urgente proteger a las personas con discapacidad física y orgánica y su entorno familiar, asistencial y sociosanitario frente a los efectos claramente adversos y potencialmente peligrosos que supone una infección por SARS-CoV-2".

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha argumentado que "la existencia de una alta situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad por diferentes circunstancias de riesgo específico y otros factores co-ocurrentes de comorbilidad demuestra la necesidad de ser priorizadas y recogidas en la estrategia de vacunación actual como siguiente grupo a inmunizar".

Entre los colectivos que pueden presentar un mayor riesgo de contagio y complicaciones por el covid-19, Queiruga ha mencionado a las personas con inmunosupresión, enfermedades neurológicas, ELA, enfermedades renales, enfermedades metabólicas, fibrosis quística, enfermedades respiratorias, cardiopatías, personas con esclerosis múltiple, con enfermedades reumatológicas, artritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y coagulopatías.

La Rioja Sin Barreras y COCEMFE consideran que se debería incluir en el siguiente grupo prioritario de vacunación a las personas con discapacidad física y orgánica, dado que "la propia estrategia de vacunación reconoce su especial riesgo, como es el caso de aquellas con patologías o condiciones que afectan particularmente a su sistema inmunitario y presentan un riesgo de enfermedad grave, así como las personas con mayor grado de dependencia reconocido, y profesionales que les atienden".

De igual modo, estas entidades consideran que se debería incluir a otras personas no priorizadas como son "las personas con gran dependencia o con incapacidades absolutas, que necesiten ayuda de tercera persona y no tienen valorado o reconocido el grado de dependencia III". En este sentido, también creen necesario contemplar situaciones particulares que puedan representar un alto riesgo, siendo de importancia el papel de los centros de salud para la gestión de estos casos.