A pesar de que el Partido Nacionalista Vasco retiró en la tarde del jueves su proposición de ley, que se iba a debatir hoy en el Congreso de los Diputados, para cambiar la norma que regula las denominaciones de origen supraautonómicas, Concha Andreu mantuvo ayer la que ha denominado 'Cumbre social para defensa de la DOCa Rioja', que cumplió el objetivo de enviar un mensaje inequívoco de defensa de unidad del Rioja.
La presidenta del Gobierno reunió en La Grajera a los agentes del sector, además de representantes de la patronal, los sindicatos, partidos políticos, la universidad y medios de comunicación, que manifestaron su rechazo a la proposición del PNV que, en la práctica, suponía la creación de una denominación de Álava dentro de Rioja, que se escaparía a la gestión y el control del Consejo Regulador, lo que equivaldría al despiece de la más antigua denominación de origen española.
La 'cumbre', de hecho, se cerró con una intervención de Andreu, en la que, a modo de declaración conjunta, rechaza cualquier tipo de injerencia política y constata la «independencia y autonomía» del sector, cuyos órganos de representación, el Consejo Regulador y la Interprofesional, deben ser los únicos foros donde se debatan los asuntos que les incumben,
El presidente del Consejo Regulador, Fernando Ezquerro, ya había informado en el transcurso del foro de la postura unánime adoptada por la Interprofesional en el pleno celebrado durante la mañana, en el que se defendió que debe ser el Rioja el que adopte sus propias decisiones, al margen de cualquier intervención de carácter político.
En sintonía con el presidente, los representantes del sector, tanto de la rama comercializadora como la productora, mantuvieron una actitud unitaria -como ha venido sucediendo en todos los conflictos de esta naturaleza- y Juan Carlos Sancha, de Bodegas Familiares, manifestó que han sido «claros y contundentes» en su defensa de la unidad de la Denominación frente a la propuesta del PNV, que crearía fronteras ficticias, como es el caso de la Sonsierra, con características idénticas a Rioja Alavesa. «Se ha ganado una batalla, pero no la guerra», avisó el bodeguero, reflexión en la que coinciden el resto de agentes del sector.
Begoña Jiménez, de la Asociación de Bodegas por la Calidad, [antiguas Bodegas Centenarias] destacó que algunas de sus asociadas, «de ambos lados», ya existían antes del nacimiento de la Denominación, y apeló a que Rioja «no se convierta en moneda de cambio». «Las decisiones las tomamos nosotros y deben ser tenidas en cuenta», destacó.
«Respeto y apoyo». En el mismo sentido se expresó Íñigo Torres, director del Grupo Rioja, la mayor asociación comercializadora de la Denominación, que reiteró algunas de las declaraciones realizadas la semana pasada, y pidió «respeto y apoyo» a las decisiones que «legítimamente» adopta el sector. Torres, que recordó que Rioja permite la diferenciación de zonas, destacó que la unidad de Denominación «no es cuestionable».
Porque, como señaló Julián García, gerente de las cooperativas de esta comunidad, «Rioja no entiende de fronteras ni de ideologías», es más, «la mayoría de alaveses» rechazan la moción del PNV.
Los representantes de las organizaciones de productores UAGR y UPA coincidieron, e Ígor Fonseca, secretario de ASAJA, que defendió la «unidad» que proporciona prestigio y valor a Rioja, confesó su «vértigo» por el futuro. «La amenaza del PNV persiste;lo van a seguir intentando y hay que buscar una posición unánime», vaticinó.
«Las fórmulas con las que el sector vinícola se adapta al mercado las debe decidir el propio sector y nunca debe hacerlo un agente político», señaló Andreu, que reiteró en varias ocasiones que cualquier «asunto de Rioja se debe debatir en la Denominación», a través de sus órganos de representación, la Interprofesional y el Consejo Regulador, decisiones que «siempre» respaldará el Gobierno de La Rioja.
Andreu constató que el vino es «clave» para el desarrollo económico e identitario de La Rioja y defendió su actuación en este conflicto. «Evité crear polémicas baldías;tuve conversaciones con quien las tuve que tener y utilicé los cauces que había que seguir», diálogo que no ha mantenido con sus homólogos del País Vasco, administraciones «que están representadas» en el Consejo Regulador. «Nuestra obligación seguir trabajando juntas las tres administraciones respetando y apoyando las decisiones independientes y autónomas del Consejo Regulador», afirmó la presidenta.