Delegados de los sindicatos CSIF y ACAIP-UGT se han concentrado este miércoles a las puertas de la cárcel de Logroño en apoyo de la funcionaria "brutalmente agredida por una interna el pasado sábado". Según sus datos, cada 36 horas un trabajador es agredido en las cárceles del país.

Tal y como ha informado CSIF en nota de prensa, esta concentración se enmarca dentro de la convocatoria de CSIF y Acaip-UGT en todas las Subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias con centros penitenciarios dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en apoyo a la convocada en la cárcel de Logroño, donde una interna propinó varios golpes llegando a saltarle dos piezas dentales.

CSIF ha asegurado cómo "las últimas semanas están resultando especialmente duras en las prisiones españolas con una sucesión de incidentes de extrema gravedad y parecen tener un mismo nexo, que es la dejadez de los gestores de la institución y la falta de respeto a los profesionales penitenciarios a quienes no se les tiene en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones".

Ambos sindicatos exigen el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la situación insostenible que sufre el personal de Prisiones y su nula capacidad para gestionar las deficiencias actuales.

El presidente de Prisiones de CSIF, Jorge Vilas, y el responsable de ACAIP, sindicato afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), José Ramón López, han asegurado en rueda de prensa que Ortiz no puede seguir al frente de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, tras detallar los últimos episodios graves de violencia en las cárceles españolas.

Ambos sindicatos han señalado cómo el pasado 23 de septiembre declararon el conflicto colectivo en prisiones por los compromisos incumplidos por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la administración penitenciaria y por la falta de respeto hacia los profesionales penitenciarios y el trabajo que desarrollamos.

Han indicado que cada 36 horas se produce una nueva agresión en prisiones de todo el país, lo que supone un claro ejemplo de la dejadez de la Administración y pone al descubierto la escasez actual de medios humanos y materiales.

Por todas estas razones, además, han afirmado, han denunciado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados por el incumplimiento del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes Instituciones Penitenciarias.

Ambos sindicatos han recordado cómo, a finales de octubre, en el Centro Penitenciario de Jaén, una profesora sufrió un intento de agresión sexual por parte de un interno, y en el Centro Penitenciario de Cuenca un interno casi se lleva por delante la vida de un jefe de servicios al apuñalarlo con un cristal en el cuello.

Además, han recordado que hemos tenido que lamentar la muerte de un niño de 9 años en Lardero a manos de un liberado condicional al que se le había concedido el tercer grado en contra de los informes elaborados por los profesionales penitenciarios de El Dueso.

"Estas situaciones no se deben permitir en la sociedad del siglo XXI. Debemos poner todos los instrumentos necesarios para evitar que se produzcan. Estamos ante un claro ejemplo de la dejadez de la Administración y de su interés más por los datos estadísticos que por dar debido cumplimiento a la misión constitucional de reinserción y reeducación", han aseverado.

Han advertido, en este sentido, de que no se toman las medidas adecuadas con los internos conflictivos, al contrario, se criminaliza la actuación de los trabajadores, se minimizan los incidentes y se da más importancia a la realización de programas tratamentales que a que estos mismos tengan resultados.

"La falta de respeto de los dirigentes de Instituciones Penitenciarias hacia sus trabajadores nos está avocando a una situación insostenible que empieza a tener consecuencias en la sociedad", han afirmado.

CSIF ha anunciado que continuará movilizándose para hacer patente el "olvido" que padecen los funcionarios de prisiones por parte del Ministerio del Interior, entre el que sobresale una falta de reconocimiento como agentes de autoridad que debe quedar reflejado en una futura Ley de Función Pública Penitenciaria.