Piden 2,5 años de cárcel por tener billetes falsos

Europa Press
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El acusado adquirió el dinero fraudulento con la intención de ponerlo en circulación

El Palacio de Justicia de La Rioja en una imagen de archivo - Foto: Ingrid

El fiscal solicita una pena de cárcel de dos años y medio para una persona acusada de un delito de tenencia de moneda falsa al ser sorprendida con cinco billetes de 50 euros falsos "con el fin de ponerlos en inmediata circulación". El juicio tendrá lugar este miércoles en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a marzo de 2017 cuando el acusado, de nacionalidad colombiana y mayor de edad, contactó con otra persona "contra el que se instruyeron diligencias previas en el Juzgado de Tafalla (Navarra) a consecuencia de los presentes hechos" adquiriendo del mismo cinco billetes de 50 euros falsos por diez euros cada uno.

El acusado "era consciente" de la falsedad del dinero y los compró con la finalidad "de su puesta en circulación posterior" aunque, gracias a la fuerza actuante, "no pudo llegar a efectuar la circulación".

El procesado fue detenido en fecha de 4 de mayo de 2017 sobre las 14,20 horas, cuando, tras un cacheo superficial, la Policía encontró en el interior de una cartera de bolsillo que portaba un billete de 50 euros falso.

Tras el oportuno consentimiento del acusado, se efectuó la entrada y registro de su domicilio en Arnedo donde encontraron en el interior de un bote pequeño de plástico que estaba en el interior de una mochila de color negro propiedad del acusado cuatro billetes falsos más de 50 euros, siendo indicado este extremo por el propio acusado.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de tenencia de moneda falsa para su puesta en circulación y procede imponer al acusado la pena de dos años y seis meses de prisión con la accesoria legalmente establecida así como multa proporcional de 250 euros.

Además, se interesa la sustitución de la pena privativa de libertad solicitada por la expulsión administrativa del acusado del territorio nacional por un tiempo de entre 5 o 10 años.