La transformación urbanística de Avenida de Lobete no será una realidad de forma inminente. Y aquí la crisis económica derivada de la sanitaria y el parón administrativo fruto del estado de alarma poco tienen que ver con que aún no se haya materializado la reconversión industrial de esta zona en residencial, que debería haberse formalizado en 2016. Nada hacía pensar que la tan anunciada unión de este barrio con Cascajos iba a dormir el sueño de los justos tras su aprobación en abril del año pasado. Un proyecto que ahora está judicializado y recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).
Tal y como ha podido saber El Día de La Rioja, se han interpuesto cuatro recursos contenciosos-administrativos ante el TSJR contra el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) número 15 de Lobete II: el Gobierno de La Rioja, a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR); la Asociación de Empresarios de la Construcción y Afines de La Rioja (CPAR); varios propietarios con actividades en la zona y una sociedad madrileña, Gamayalde Sociedad Consultora SL.
Al estar el asunto judicializado, la mayor parte de los recurrentes han eludido detallar los argumentos argüidos contra la ordenación del PERI. En esta línea se ha pronunciado el Ejecutivo riojano, que ha recordado que se trata de un asunto que parte de la gestión del anterior Gobierno y que mantendrá una postura de «respeto a lo que la Justicia determine».
Otros perjudicados, como algunos propietarios de la zona, que prefieren mantenerse en el anonimato, rechazan de plano el nuevo ordenamiento y el justiprecio establecido, porque no les permitiría alcanzar el coste del derribo, el cual, si nada cambia, tendrían la obligación de asumir, cuestión a la que también se oponen.
El Ayuntamiento de Logroño, por su parte, guarda silencio y sostiene que «no podemos hacer otra cosa que esperar el resultado» de lo que dirima la Justicia.
Por su parte, los promotores del PERI, Arteclio, recuerdan que «los posibles puntos controvertidos en la ordenación del PERI, puestos de manifiesto por los recurrentes, han sido adecuada y fundadamente desvirtuados por reiterados informes de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Logroño, defendiendo el planeamiento aprobado».
Reconoce, igualmente, que la COTUR realizó un informe preceptivo previo a su aprobación definitiva, que no era vinculante. En ese documento señalaba «algunos posibles puntos controvertidos en su ordenación, pero indicando claramente que las competencias en estos planes corresponden exclusiva e íntegramente al Ayuntamiento de Logroño», según indican desde la promotora, que recuerda que la «judicialización planteada supone un importante y grave retraso» en la tramitación del PERI, que aún tiene pendiente la reparcelación y redacción del proyecto de urbanización que permita ejecutar las obras.
¿Qué estaba planeado? El Plan de Lobete II, tal y como fue aprobado, modificaba por completo la actual fisonomía de la calle entre los números 38 y 54, incluyendo también el tramo de la calle Nueva (números 1 al 11), con nuevas zonas destinadas a uso comercial y residencial. Además preveía una inversión de 868.000 euros.
La actuación más destacada que planteaba la reordenación de esta área es que la ciudad ganaba una nueva conexión entre los barrios de Lobete y Cascajos a través de la prolongación de la calle Baltasar Gracián hacia Obispo Rubio Montiel, con la que enlazaba mediante una rotonda de nueva construcción en la intersección con Avenida de Lobete.
Fruto de este nuevo vial, que atravesaría el espacio que hoy ocupa el inmueble que en su día fue el concesionario de Audi, se vertebraba el resto del PERI, con la creación de dos nuevas áreas en ambas márgenes. La parcela situada al oeste, con límite en la calle Nueva, se destinaría a uso residencial. Así, en este terreno se construirían dos bloques de nueve y siete alturas, y una edificabilidad de 14.609 metros cuadrados, para unas cien viviendas y nuevos locales comerciales.
En el otro espacio, debido a que está junto a la zona en la que se inicia el cajón ferroviario y, por tanto, más expuesta al tren, se mantendría la actual gasolinera (1.302 m2) y se destinaría el resto del espacio para una dotación comercial de hasta 3.856 metros cuadrados, que previsiblemente iba a ser un supermercado, con superficie para tener su propio aparcamiento.