Las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) descendieron en 2019 en La Rioja a 6,18 casos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años frente a los 6,91 en 2018, según los datos del informe del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2019 que ha difundido Europa Press. En toda España, las IVE crecieron hasta las 99.149, en comparación con las 95.917 del año anterior, es decir, un aumento del 3,37%. Así, la tasa se sitúa en 11,53 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, frente al 11,12 de 2018.
En el informe anterior, la subida fue del 1,91% respecto a 2018. Los datos se sitúan muy por debajo de 2010, último año antes de los cambios legislativos, cuando se registraron 113.031 interrupciones voluntarias del embarazo, con una tasa de 11,49 por cada 1.000 mujeres.
POR EDADES. El pasado año, 341 niñas menores de 15 años tuvieron una interrupción voluntaria del embarazo (frente a 310 el año anterior); hasta 19 años fueron 10.038 casos (9.518 en 2018); de 20 a 24 se dieron 20.938 casos (20.595 en 2018); de 25 a 29 años 21.882 (20.876 en 2018); de 30 a 34 años 20.392 (19.856 en 2018); de 35 a 39 años fueron 17.331 (16.953 en 2018); de 40 a 44 años fueron 7.566 (7.201 en 2018); y en mayores de 44 años se dieron 661 casos (608 en 2018). En el grupo de mujeres menores de 20 años también se ha registrado un aumento, con 10.379 interrupciones, frente a 9.828 en 2018. La mayoría (6.896) interrumpe su embarazo antes de la octava semana de gestación.
La propia petición de la mujer es, Un año más, el principal motivo alegado para la interrupción, con 90.124. En segundo lugar se sitúa el grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada (5.798), seguido del riesgo de graves anomalías en el feto (2.907) y, por último, anomalías fetales incompatibles con la vida (313).
Un total de 12.746 interrupciones se realizaron en el ámbito hospitalario (6.143 en centros públicos y 6.603 en privados). Mientras tanto, hubo 86.403 procedimientos de este tipo se produjeron de forma extrahospitalaria (8.055 en centros públicos y 78.348 en privados).
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Por comunidades autónomas, la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo se ha registrado en Cataluña, con 14,72 casos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Se sitúa por encima de los 14,04 casos registrado en esta comunidad en 2018. En el segundo puesto se encuentra Baleares, con 13,88 casos, que, prácticamente, se mantiene con respecto al año anterior (13,94 casos). Madrid sigue en tercer lugar con 13,05 casos (12,74 en 2018); y, también por encima de la media nacional, le sigue Asturias con 13,03 (sube de los 12,65 de 2018); Murcia, que asciende a 12,07 (11,68 en 2018); Canarias con 12,10 casos (sube con respecto a 2018, cuando la tasas era de 11,56); y Andalucía, que también sube hasta los 11,98 casos (11,29 en 2018).
Por debajo de la media, País Vasco registra 10,47 casos, mientras en 2018 fueron 10,03. Aragón con 9,03 casos baja respecto a los 9,19 casos por cada 1.000 mujeres de 2018. La Comunidad Valenciana sube con 9,47 casos (9,17 en 2018). Le sigue Castilla-La Mancha con 8,66 casos (7,99 en 2018); Navarra con 8,31 casos (7,88 en 2018); Cantabria, que sube con 8,45 casos (7,75 en 2018); La Rioja, que baja hasta 6,18 casos (6,91 en 2018); Extremadura, que se sitúa en 6,43 casos (frente a 6,71 el año anterior); Castilla y León, que sube con 7,05 casos (6,60 en 2018); Galicia, que desciende con 6,41 (6,50 el año pasado); y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que bajan con 2,26 casos (3,50 el año anterior).
PRESTACIONES. En cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2010), a partir del próximo 1 de enero, la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye un nuevo anillo vaginal anticonceptivo. Con ello, desde 2019, la sanidad pública financiará un total de ocho presentaciones de anillos vaginales. Se trata de anticonceptivos de larga duración. Además, el Ministerio de Sanidad continúa desarrollando la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que también recoge la norma y hasta hace dos años se encontraba inactiva. Entre sus objetivos, destaca la necesidad de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados y abortos a través de una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada.