El anuncio realizado a finales de septiembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , sobre su intención de descentralizar las instituciones públicas para ir ubicando organismos fuera de Madrid comienza a tomas forma.
Uno de los objetivos de esta medida se dirige a luchar contra la despoblación y se encuadra dentro de Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que incluye 130 políticas activas repartidas en diez ejes de actuación.
Entre los aspectos que se citan figura que «la Administración General del Estado (AGE) recupera su presencia en el territorio rural, reforzando los servicios públicos con acciones como la creación de oficinas municipales de justicia o el fomento de los centros territoriales de la UNED».
Esta intención ha comenzado a tomar cuerpo y, según un informe del Ministerio de Política Territorial al que ha tenido acceso el diario El País, esta descentralización se reserva para nuevos organismos «salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital».
Por razones logísticas y la oposición mostrada por los sindicatos de funcionarios se descarta el traslado de organismos ya en funcionamiento, y el documento del Ministerio defiende los efectos socioeconómicos y la distribución más equitativa de la riqueza que tendría la deslocalización de la Administración.
«Una desconcentración bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos», destaca el documento citado por el diario, que informa que la UNED, Renfe, Correos, la Seguridad Social o el Ejército son algunas de las infraestructuras o instituciones que prevén contar con nuevos organismos, para los que se han elegido varios municipios de la España vacía.
Así, Renfe pondrá en marcha centros tecnológicos en Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Linares (Jaén) y Miranda de Ebro; la UNED impulsa dos centros en Alcañiz (Teruel) y Ponferrada (León). A su vez, el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado abrirá en Cuenca en 2022 y el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía, en fase de construcción en el campus universitario de Cáceres, contará con unos 85 investigadores. Soria será el asentamiento del Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, mientras que la base logística que el Ejército de Tierra se instalará en Córdoba.
«Se debe perseguir que ninguna comunidad o ámbito geográfico sea excluido», reza en su documento el Ministerio de Política Territorial, aunque, de momento, La Rioja no está entre las elegidas.
«No es una subasta». Al repecto, la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, se mostró convencida de que la descentralización debe producirse a través de organismos nuevos.
«No se trata de subastar», sino de analizar «qué territorios tienen posibilidades de acoger algún ente nuevo», señaló Andreu, que dará la bienvenida a cualquier organismo que el Estado quiera ubicar en La Rioja.
«Estaremos pendientes de recibir cualquier centro, observatorio, lo que quiera que sea que el Gobierno de España nos ponga a disposición», afirmó Andreu, que, en este contexto, citó el Centro de Tecnologías del Envase, «que va a ser puntero a nivel europeo», y que se financiará, a partes iguales, entre los gobiernos de España y La Rioja.
Además de Andreu, otros presidentes autonómicos se refirieron ayer a esta descentralización. Así, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cree que «es una manera de fortalecer una mirada de la España de las Españas», al tiempo que lamenta que hay «algunos y algunas que parecen vivir de la confrontación».
Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, considera que «falta liderazgo» para llevar oportunidades a la España vacía y opina que, a su parecer, «no se trata de descentralizar políticas sino de llevar el empleo» a todos los rincones.