El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa de transportes Grupo Logístico Arnedo S.L. contra el Real Decreto 757/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprobó el convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la concesionaria de la Autopista Vasco-Aragonesa (Avasa) para la aplicación de medidas de reducción del importe del peaje a camiones en el tramo riojano de la autopista AP-68.
Con el objetivo de salvar los defectos apreciados en el Real Decreto 1023/2017, anulados por la sentencia 992/2019 del Tribunal Supremo, se dictó el Real Decreto 757/2019, que incorpora un Anexo con el Convenio suscrito por las tres entidades para la aplicación de medidas de bonificación de peajes para determinados vehículos pesados en la autopista AP-68 en el tramo Zambrana-Tudela, como recuerda la Delegación del Gobierno en La Rioja en una nota de prensa.
En este sentido, la sentencia confirma que, a diferencia con el anterior, el RD 757/2019 impugnado sí cuenta con la debida cobertura legal. Además, justifica que el contenido de los informes de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General de Tráfico evidencian que el desvío de camiones por la AP-68 ha sido una medida efectiva para controlar e invertir la tendencia creciente de siniestralidad y mortalidad en la carretera N-232 a su paso por La Rioja y ha permitido mejorar la seguridad vial de dicho tramo.
De este modo, el Tribunal Supremo considera que ha quedado justificada y está demostrada la proporcionalidad de la medida prohibitiva de circulación de vehículos pesados en esta vía riojana, cuya finalidad es acabar con los accidentes mortales.
Actualmente, el Gobierno de La Rioja está trabajando, de la mano del Gobierno de España, en la prórroga del convenio, que se prevé entre en vigor a finales de octubre de 2021, con el objetivo de favorecer el tráfico de carácter local y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito de la seguridad vial, así como en el ámbito de la conectividad de las infraestructuras viarias que existen en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en este caso, en el corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Tanto Gobierno de La Rioja como Delegación de Gobierno coinciden en que "esta sentencia del Tribunal Supremo avala la necesidad de adoptar esta restricción de circulación que ha permitido mejorar la seguridad vial y, por tanto, ha conllevado que la accidentabilidad en la N-232 se haya reducido desde que se aprobó el desvío de los vehículos pesados".
En su día, la empresa transportista riojana negó que se muestre contraria a las bonificaciones en los peajes y aclaró que lo que reclama es que los camiones afectados por la obligación de circular por la autopista puedan abandonar la AP-68 en la salida más cercana a su destino en el sentido de la marcha, «algo que ya es posible en otros desvíos de similar naturaleza, para evitar el consabido aumento de kilómetros que realizan los camiones, algo que solo conlleva un incremento en los costes de explotación de las empresas de transporte».