La Plataforma de Temporales e Interinos de La Rioja (PIR) ha vuelto a salir este domingo a la calle para exigir que "se paralicen las ofertas de plazas que hayan excedido los plazos legales recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) hasta que se inspeccionen". Del mismo modo, han pedido al Gobierno riojano que "sea valiente y defienda los intereses de los trabajadores riojanos".

Según ha informado Europa Press, la cita ha comenzado pasadas las 11,00 horas de la mañana a través de una caravana de vehículos que ha partido desde el IES Comercio hasta el aparcamiento de Las Gaunas, pasando por el Espolón y la Delegación del Gobierno.

A pesar de que la Plataforma reconoce que el Parlamento de La Rioja "ha sido pionero a la hora de encontrar una solución legal y justa al problema del abuso de la temporalidad en el sector público al comenzar con la regularización de cinco interinos de larga duración que trabajan en el propio Parlamento regional", creen que esta situación "tiene que seguir avanzando con el resto de trabajadores que están igual". Por ello piden que "se paralicen las ofertas de plazas que han excedido los plazos legales recogidos en el EBEP hasta que se inspeccionen y se aplique la misma solución al resto de trabajadores temporales públicos de La Rioja cumpliendo así la normativa española en materia de función pública y el derecho de la unión".

PRIMEROS PASOS. Desde la Plataforma han recordado que el pasado 31 de marzo el Parlamento de La Rioja aprobó la regularización de los cinco interinos de larga duración del propio Parlamento, que se convierten en fijos sin adquirir la condición de funcionarios de carrera. "Esto abre la espita para dar una solución acorde a la Constitución y al Derecho de la UE para los 4.000 trabajadores temporales públicos riojanos que se encuentran en esta misma situación", han afirmado.

Esta solución excepcional para una situación excepcional ha sido avalada por un informe firmado el 8 de marzo de 2021 por Maria Emilia Casas, primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional. Esta experta señala que la transformación en fijos de los trabajadores que han sufrido abuso de contratación temporal cumple con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ya que dichos principios son exigidos en la la Ley 3 1990 de 29 de junio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja para seleccionar a todo su personal fijo o temporal. Además, esta solución de quedarse trabajando hasta su jubilación ya se está aplicando a los trabajadores de las propias empresas y fundaciones que revierten al sector público por ser legal y la menos costosa para la Administración y los contribuyentes. Incluso esta medida es la recomendada por el propio Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE. "Es una medida igual para todos los trabajadores al no tratar de manera distinta a unos trabajadores y a otros. Y ahorra al Estado el enorme coste que supondría la única solución alternativa posible que podría ser una indemnización disuasoria al menos equivalente a la indemnización por despido improcedente", han comentado desde la Plataforma.

NO MÁS OFERTAS SIN AMPARAO LEGAL. La Plataforma de Temporales e Interinos de La Rioja se congratula de esta decisión "inteligente, legal y justa" pero reivindica que "en coherencia con los razonamientos legales que la sustentan se paralicen las ofertas de aquellas plazas que han excedido los plazos marcado en el EBEP y que, por lo tanto, no pueden sacarse a oposición ya que supondría el incumplimiento del EBEP y de las normas Europeas".

A pesar de que los PGE lo permitan, el propio Parlamento de La Rioja ha reconocido que se han incumplido los plazos marcados en la ley por lo que el Gobierno de La Rioja "no puede permitir que esas 4.000 familias riojanas sigan sufriendo el abuso por mucho que el Gobierno central y los sindicatos subvencionados miren para otro lado por vaya usted a saber qué motivos", consideran. "Si se ha incumplido la ley no se puede continuar promoviendo oposiciones sin ningún tipo de sanción a la Administración ni reparación a los trabajadores de los que se ha abusado", han añadido. "Al final sería el Gobierno de La Rioja el responsable de fallarle a sus propios trabajadores que serían despedidos y tendrían que ser indemnizados como cualquier otro trabajador, pero los fondos para eso y para las multas europeas tendrían que ser recaudados vía impuestos a todos los riojanos".

A juicio de la Plataforma, el Gobierno Central "sigue actuando por encima de las leyes y sin querer someterse a ningún control ya que continúa alargando sus negociaciones con sindicatos y autonomías de manera totalmente injustificada e irresponsable sin congelar la situación de los trabajadores hasta que se decida la solución al problema, mientras sigue presionando a los Gobiernos Autonómicos para que saquen esas plazas a oposición, plazas ocupadas por trabajadores con antigüedades que superan en muchos casos los 20 años y que como consecuencia son despedidos de manera libre y gratuita sin ningún tipo de indemnización". Así, han explicado, "todo el fraude cometido por los gestores públicos queda impune y sigue fuera de control obligando a los trabajadores a judicializar el conflicto cuando quedan en el paro en una situación agónica en lo que constituye otro abuso más sobre los gobernados y abunda en la insultante falta de control sobre los que nos gobiernan".