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La judicatura riojana pide cuatro nuevas plazas judiciales

Efe
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja solicita un sexto magistrado en la Audiencia Provincial, el tercero para las salas de lo Contencioso y lo Social y el octavo jugado de Primera Instancia en Logroño

El presidente del TSJR y fiscal superior, con la presidenta Andreu, de camino al acto de apertura del Año Judicial. Detrás, el alcalde y la delegada del Gobierno. - Foto: Gobierno de La Rioja

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, ha solicitado este lunes la creación de cuatro nuevas plazas judiciales, con un sexto magistrado en la Audiencia Provincial, el tercero para las Salas de lo Contencioso Administrativo y Social del TSJR y el octavo Juzgado de Primera Instancia en Logroño.

Marca ha intervenido en el Palacio de Justicia en el acto institucional de apertura del Año Judicial 2021-2022, junto al Fiscal Superior de La Rioja, Enrique Stern.

Al acto han asistido, entre otros representantes del ámbito judicial, la jefa del Ejecutivo regional, Concha Andreu; el presidente del Parlamento riojano, Jesús María García; el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; y la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán.

En su discurso, el presidente del TSJR ha constatado que este "duro" tiempo de pandemia "ha puesto en evidencia que la administración de justicia constituye un pilar esencial del funcionamiento del Estado, así como el garante único de los derechos y libertades de los ciudadanos".

Pero además, ha proseguido, la pandemia ha permitido descubrir el "potencial y verdaderas capacidades" de la justicia riojana, que no de dejó de prestar los servicios esenciales, garantizó la seguridad sanitaria de los ciudadanos, ya que no se tuvo que clausurar ningún Juzgado o Tribunal, y desarrolló el proceso de desescalada de manera "ejemplar".

La pandemia de covid-19 ha "transformado" la justicia, que "ya no será igual después", ha apuntado, con medidas como “la celebración de vistas judiciales en formato virtual, el expediente judicial electrónico, la cita previa y el teletrabajo", que redundarán en una "mayor modernización y eficacia" de la administración de justicia.

Marca ha recalcado que "los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, porque la justicia tardía no es justicia", por lo que ha pedido apoyo al Gobierno regional y al Parlamento riojano para su petición de cuatro nuevas plazas judiciales para La Rioja.

También ha demandado un salón de actos que permita celebrar actos institucionales en los que se pueda guardar la correspondiente distancia física; una sala de vistas con aforo suficiente para celebrar juicios mediáticos o con jurado; la renovación de algunos equipos de grabación o videoconferencia en las salas de declaraciones; y la realización de obras de reforma integral en los juzgados de Calahorra y Haro.

Entre los logros de la justicia riojana, recogidos en la Memoria del TSJR de 2020, ha resaltado las bajas tasas de criminalidad y litigiosidad, por el número de asuntos resueltos (24.871) en los juzgados riojanos, frente a unos 25.700 asuntos ingresados, de modo que La Rioja fue la comunidad con menor pendencia acumulada.

Las tres salas del TSJR han resuelto la totalidad de asuntos ingresados; la Audiencia Provincial ha logrado resolver 330 asuntos más que los que ingresó y reducir su pendencia un 22 %; y la tasa de litigiosidad en La Rioja fue la más baja del país, con 80 causas por cada mil habitantes, cuando la media nacional es de 116, ha precisado.

La Rioja es la comunidad autónoma con menor volumen de asuntos en trámite, ha constatado Marca, y los tiempos de respuesta son mejores de respuesta en 22 de los 35 órganos judiciales.

Además, esta región tuvo en 2020 el menor porcentaje de mujeres víctimas de violencia machista, lleva 12 años consecutivos sin víctimas mortales y los dos juzgados que se ocupan de los asuntos por cláusulas suelo tienen las mayores tasas de resolución de toda España.

Marca ha ensalzado la labor que ha desempeñado la Consejería de Asuntos Sociales y Gobernanza Pública, a través de la Dirección General de Justicia e Interior, con medidas como el retorno de agentes de la Guardia Civil para ocuparse de la seguridad del Palacio de Justicia, la dotación de mejores herramientas informáticas y la firma de un convenio para la formación continua de jueces y magistrados de toda España en materia de derecho alimentario.