Tal y como se esperaba, el lendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decidieron el pasado lunes fijar para el próximo 12 de julio las elecciones en el País Vasco y Galicia, respectivamente. Con anterioridad las habían convocado para el 5 de abril, pero la crisis del coronavirus se llevó por delante los comicios y los expertos aconsejaron posponerlas.
Ahora, cuando el descenso de contagios y fallecidos se consolida y el sueño del doble 0 no es una utopía, los dos líderes políticos, tras varias reuniones con la oposición, señalaron, con informes jurídicos y sobre todo sanitarios en la mano, que la mejor fecha era dentro de siete semanas, ya que el calor parece que desactiva al virus y se espera una segunda oleada en otoño.
Todo esto es pura teoría, ya que si se produce un rebrote, las urnas, como queda dicho en los decretos de convocatoria, quedarán para mejor ocasión, y se podría dar una situación inédita: que las legislaturas superen los cuatro años, ya que finalizan el 25 de septiembre.
La pregunta clave es quién va a ir a votar y arriesgarse a ser infectado. Desde Santiago y Vitoria se insiste una y otra vez en que se quieren minimizar riesgos, pero el riesgo cero no existe. No obstante, amén de las medidas lógicas -mascarillas, geles y distancia de seguridad-, va a aumentar el número de mesas y urnas -algo muy complicado en Galicia, con más de mil aldeas-, habrá más tiempo para votar, franjas horarias...
Sobre la campaña, que tendría minimítines, Feijóo quiere dejarla en una semana, algo que no hace demasiada gracia a sus competidores, que, salvo el BNG y Cs, no querían que hubiera comicios el 12-J. En Euskadi pasa lo mismo. Urkullu ya ha cosechado fuertes críticas, acusándole algunos partidos de «burlarse» de la democracia.
Ante esta situación se haría preciso cambiar la ley electoral, ya que si bien es cierto que en las últimas generales, el pasado 10 de noviembre, se redujo a la mitad el número de días de campaña, esto se debió a que en 2016 Rajoy logró sacar adelante una reforma para los casos en los que no se lograra formar Gobierno tras unos comicios y estos se repitieran.
Boletines oficiales
Además, en los boletines oficiales de las dos regiones se expresa claramente que la campaña electoral va a durar 15 días. Otra cosa es que las formaciones alcanzaran un acuerdo, algo improbable porque el PNV y el PPdeG saldrían beneficiados ya que, en general, los partidos en el poder apuestan siempre por un perfil bajo, y más si las encuestas les son favorables. Además, los presidentes salen, y ahora más que nunca, todos los días en los medios.
Que haya debates entre los cabezas de cartel facilitaría el consenso. El BNG se ha enrocado en que haya dos, algo que gusta a la oposición y no tanto a Feijóo. En el País Vasco no se ha hablado sobre esto públicamente.
Otro punto importante es la forma de votar, primando el sufragio por correo. Hasta el 2 de julio se puede emitir, si bien los Gabinetes intentan estirar el plazo. Correos se ha quejado porque el riesgo de contagio en las oficinas se dispararía.
Los jeltzales quieren que los agentes postales puedan acudir a los domicilios a recoger las papeletas y se permita el voto delegado, dejando que un apoderado deposite el sufragio de aquellas personas consideradas población de riesgo. Los de Feijóo se han mostrado a favor de esta medida, una medida que perjudica a los partidos más pequeños, que no tienen tanta infraestructura como los grandes.
Tanto el PNV como el PPdeG preparan una batería de medidas para que el derecho al voto esté garantizado con las máximas garantías sanitarias. Una abstención altísima como la que hubo en las municipales francesas del 15 de marzo, que rondó el 56 por ciento, deslegitimaría al vencedor y la democracia sería la gran derrotada.