La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado critica la actitud de ciertos sindicatos que "se han posicionado junto al Gobierno regional, y han tratado de impedir que prospere la demanda interpuesta por este sindicato para seguir dotando de equipos de protección (EPI) y material de protección frente al Covid-19 para el personal dependiente de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía de La Rioja".
En concreto, el Auto de 2 de Abril del Juzgado de lo Social Nº1 de Logroño acordó como medidas cautelares que solicitó CSIF, ordenar a la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía proveer a su personal, a la mayor brevedad, en cantidad suficiente y de forma continuada, de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas y pantallas de protección y contenedores de grandes residuos para protegerse del contagio por COVID-19 porque, tras la declaración del estado de alarma.
"Hasta ese momento no se estaba haciendo, obligando a sus trabajadores a realizar su trabajo con personas contagiadas por COVID-19 y de especial vulnerabilidad ante dicho virus sin las medidas de seguridad necesarias para ello cuando la pandemia evolucionaba de forma desproporcionada lo que ocasionó numerosos contagios entre sus trabajadores" ha añadido el sindicato.
Para el mantenimiento de dichas medidas cautelares el máximo tiempo posible como permite la ley y que dicho Juzgado determine si por parte de la administración se ha venido cumpliendo, desde el inicio del estado de alarma, con su obligación de proteger la salud de sus trabajadores eliminando los riesgos que puedan afectar a la misma mediante la adopción de las máximas de medidas de seguridad posible que le exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF interpuso demanda de conflicto colectivo contra la administración.
En la misma, solicitaba "que se declare que la demandada ha vulnerado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14 y concordantes y el artículo 15 de la Constitución Española, se reconozca el derecho del personal al servicio de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía a disponer, diariamente y en cantidad suficiente, del material y equipo de protección individual mínimamente necesario e imprescindible para asegurar su vida e integridad física frente al posible contagio del COVID-19".
"Esto es, mascarillas FFP2 y FFP3, guantes, batas impermeables, gafas y pantallas de protección, gel desinfectante y contenedores grandes de residuos en todos los centros asistenciales y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario o asistencial dependientes de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, condenando a la misma a estar y pasar por dicha declaración y a actuar en consecuencia, haciendo entrega de todo el material de protección expuesto, con las consecuencias legales que de todo ello se deriven" (sic), cuya vista se ha celebrado en el día de hoy.
En dicha vista, han acudido como parte demandada además de la Administración, los sindicatos con representación en la administración pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR); es decir, STAR, CESM, CCOO y UGT.
Pues bien, "estos tres últimos han solicitado, al igual que ha hecho la administración, la desestimación de la demanda interpuesta por CSIF alegando, por distintas razones, que dicho procedimiento ya carecía de objeto porque, a la fecha de la interposición de la demanda a principios del mes de mayo, la situación de los trabajadores en dichos centros, en lo que a la disposición de los EPI se refiere, se había reconducido por parte de la administración".
CSIF se ha opuesto a dicha argumentación jurídica entendiendo que "los hechos discutidos en el pleito deben ser los ocurridos en los centros dependientes de la consejería tras la declaración del estado de alarma, a mediados del pasado mes de marzo, cuando los trabajadores atendían a los usuarios contagiados por COVID-19 con mascarillas quirúrgicas, guantes y bolsas de basura etc., absolutamente desprotegidos, como demuestra el alto índice de profesionales contagiados en nuestra comunidad.
CSIF manifiesta "su perplejidad" por la postura de dichos sindicatos "al ponerse de parte de la Administración e intentar impedir" que la Justicia condene a la misma "por la falta de equipos de protección" que se produjo durante los pasados meses de marzo y abril, lo que puso en grave riesgo la vida y la salud, "física y moral" de los trabajadores.
Este sindicato subraya que el Gobierno de La Rioja "tan sólo comenzó a dotar de material y medios de protección adecuados, aunque de forma siempre insuficiente, tras las medidas cautelarísimas solicitadas por nuestro sindicato". Ahora "seguimos bajo la amenaza de contagio por Covid-19 y una nueva solicitud de prolongación del estado de alarma por parte del Gobierno central, por lo que dichas medidas y medios continúan siendo necesarios".