El avance de la pandemia en esta segunda ola que, según la presidenta riojana, Concha Andreu, obligará a seguir tomando las decisiones necesarias cuando la situación epidemiológica así lo requiera, conforme a los datos y las evidencias científicas y «nunca con criterios políticos», está acarreando consecuencias económicas. El Gobierno riojano quiere ayudar a paliar estos daños con dos objetivos, «no dejar a nadie atrás y colaborar en la reactivación del tejido productivo.

Ante el incierto panorama que  se abre sobre la evolución de la pandemia, y las posibles restricciones o control de la movilidad, el Gobierno de LaRioja ha puesto en marcha la segunda fase del Plan de Reactivación Económica, que mantiene la cuantía en los a 34,4 millones de euros consignados en mayo y que, básicamente, se mueve sobre dos estrategias: el incremento de las ayudas directas y la cofinanciación de todos los gastos derivados  de la implantación de la medidas para la seguridad en el trabajo debido a la covid. 

En este aspecto, la gran novedad de esta segunda entrega del plan contempla que la Administración subvencionará el 70% de la adquisición de mascarillas y guantes o pruebas de detección de covid-19 en la plantilla, la instalación de mamparas, maquinaria de desinfección o intervenciones en la distribución en planta de comercios o empresas. 

«Más ayudas, con mayor facilidad y cercanía son las tres claves que guían esta fase de las ayudas», avanzó la presidenta, que destacó que, a pesar del importante impacto de la pandemia, el PIBriojano aguanta mejor su envite que las comunidades limítrofes y la media nacional. En concreto, la riqueza de La Rioja descendió en el segundo trimestre del año -el afectado por la declaración del estado de alarma y la paralización de la actividad no esencial- el 16,1% respecto al mismo periodo de 2019, 2,4 puntos menos que Navarra, donde alcanzó el 18,5%;3,4 puntos inferior al del País Vasco (19,5%) y 5,4 puntos por debajo de la media nacional, donde alcanzó el 21,5%.

Así pues, las ayudas directas de las inversiones de las pymes y autónomos pasan del 40 al 70%, de tal manera que ascenderán hasta 5.500 euros en el caso de los autónomos, hasta 8.925 euros para pymes de 11 a 50 empleados y hasta 11.861 euros en el caso de pymes entre 51 y 250 trabajadores.

Además, se ha simplificado y agilizado el proceso de solicitud, tramitación y abono de las ayudas, que se han adaptado a las necesidades «reales» de las empresas.

El destino  de las ayudas.  El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, detalló el destino de las subvenciones,  que vienen marcadas por el paso de una etapa de desescalada y de nueva normalidad a un periodo en el que vamos a tener que «convivir con la enfermedad».

Ello exige «adaptarse y hasta repensar el modelo de negocio» para lo que se ha implementado «mayor intensidad» en las ayudas directas. Por ello, el plan incide en aquellas herramientas que «mejor solucionan las necesidades actuales», ayudas directas para resolver los problemas de costes fijos, apoyo para asegurar la seguridad de trabajadores y clientes, y subvención de inversiones para modernizar el tejido productivo. 

De esta manera, las ayudas directas a pymes y autónomos prevén compensar el pago de los costes fijos en un momento de facturación variable, durante el confinamiento y, después, con la nueva normalidad, pero también contribuirán a financiar las inversiones necesarias para adoptar las medidas sanitarias.

El consejero de Desarrollo Económico destacó también que este plan ofrece «una oportunidad» para que autónomos y pequeños empresarios «puedan modernizar su modelo de negocio y avanzar en la digitalización», con iniciativas como la conectividad de banda ancha. En este ámbito de la digitalización, este porcentaje de subvención puede destinarse a impulsar el teletrabajo y potenciar la relación telemática con los clientes, a través de inversiones en tecnología, equipos informáticos, conectividad de banda ancha o desarrollo del comercio electrónico.

«Se trata de un paquete de ayudas como nunca se había visto, ayudas extraordinarias para un momento extraordinario», afirmó Castresana, que apuntó la convocatoria de esta segunda edición del Plan de Reactivación Económica, ya abierta, se mantendrá hasta el 3 de noviembre y todas las solicitudes presentadas hasta la fecha (cuya primera edición concluyó el 15 de octubre) se adaptarán automáticamente a las nuevas condiciones.

Castresana secundó a la presidenta en su opinión de la mejor respuesta de La Rioja a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, debido a la importancia de un sector industrial que supone el 25% del PIB, donde ocupa gran protagonismo la agroalimentaria, y el menor peso del sector turístico. Sin embargo, no se atrevió a pronosticara la evolución de la economía regional en 2021, cuyo desarrollo se va a ver condicionado por el impacto del coronavirus. No obstante, reconoce que será «muy severo», pero inferior a la incidencia en el conjunto del país, donde se pondría registrar una caída media de entre el 12 y el 15%.

«La Rioja tiene un interesantísimo futuro por delante, cuyas bases se asentarán en el talento, las oportunidades, la innovación, la creatividad, la sostenibilidad o la modernización de la administración», confía la presidenta riojana, quien piensa que  «la salud es lo primero».