El Grupo Municipal Popular de Logroño ha reclamado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que revise la instrucción que regula la instalación de terrazas durante la desescalada del confinamiento declarado por la pandemia del coronavirus. La concejala popular, Penélope Ramírez, en una rueda informativa, criticó que no se reordenara de forma temporal el espacio de las aceras que permitiera la circulación segura de los peatones junto con la instalación de terrazas, así como establecer una menor distancia entre fachadas y terrazas. Entre otras medidas, los populares plantean la aprobación de un plan especial para proteger las calles Laurel y San Juan, como activo estratégico para la ciudad.

Recordó que la normativa municipal de Logroño ha provocado que hayan permanecido cerradas, durante la actual fase 1 de la desescalada, «zonas históricas hosteleras», como las calles Laurel y San Juan; y otras más recientes, como la de Gil de Gárate.

Logroño tiene «más bares cerrados que abiertos», ya que solo ha abierto el 10% de los establecimientos con licencia de terraza de casi 600, detalló la concejala.

Por eso, indicó que el Gobierno local debería haber analizado la posibilidad de reordenar el espacio temporalmente de forma que se permitiera la circulación segura de los peatones junto con la instalación de terrazas y haber establecido una distancia inferior a 4 metros entre fachadas y terrazas. La concejala también criticó que la resolución de Alcaldía prohíbe la instalación de mesas altas pegadas a la fachada en los casos en que la acera tenga menos de 3,5 metros.

Esta medida afecta a muchos bares de barrio que no cuentan con terraza, pero «sí con dos o tres mesas de este tipo que no van a poder instalar», dijo Ramírez.

Lamentó que el Gobierno local haya hecho una resolución «alejada de la realidad» de la ciudad de Logroño, por lo que ha tenido que modificarla para «dar soluciones a cosas que eran obvias». Según la representante popular, «el Ejecutivo municipal está concediendo terrazas que superan algunas de las restricciones de la propia resolución, como no superar en superficie el doble de lo autorizado».

Esta situación es un ejemplo de «improvisación y de falta de análisis, que ha sembrado la confusión en el sector», precisó Ramírez, quien exigió al Gobierno local un plan especial de protección de las calles Laurel y San Juan, como activo estratégico y con medidas de ayudas económicas directas.

Otras de peticiones del PP son la fiscalidad cero para ayudar a muchos bares y restaurantes logroñeses y reconocerles su responsabilidad a través de «medidas efectivas que ayuden a su mantenimiento».

Ramírez propuso suprimir las tasas de las terrazas, de agua y de basuras o una bajada o bonificación respecto al IBI para negocios de especial interés municipal, como los establecimientos de las calles Laurel y San Juan y algunos otros destacados por su «historia en el panorama logroñés».