En el aire 9,2 millones en plusvalías en Logroño

Feli Agustín
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Esta cuantía es la que el Gobierno municipal contempla a ingresar este año, el 14,6% de los impuestos directos, aunque evita realizar ninguna valoración hasta conocer la sentencia del Constitucional

Un edificio de Logroño con pisos en venta. - Foto: Óscar Solorzano

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la plusvalía, un impuesto que cobran los municipios por tres razones, la venta de un inmueble, una donación o una herencia, ha supuesto un duro varapalo para las haciendas municipales, que tienen en este tributo una importante fuente de financiación. En concreto, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha previsto recaudar este año por el impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,  que es la denominación oficial de la plusvalía, 9,2 millones de euros, un millón más que el año pasado, lo que supone el 14,6% de los ingresos de carácter directo.  

Había logrado recaudar hasta septiembre del año pasado -última fecha cerrada- algo más de 4,1 millones de euros por este capítulo, que este equipo de Gobierno ha utilizado como importante fuente de financiación. Si el incremento experimentado entre 2020 y 2021 fue  del 12,1%;entre 2019 y 2020 fue  del 32,1%, al pasar de 6,2 a 8, 2 millones de euros.

Así las cosas, y con el proyecto presupuestario de 2022 del que la concejal de Hacienda, Esmeralda Campos, ya ha presentado las tasas y precios públicos, se abre un escenario complicado para cuadrar las cuentas.

No obstante, la responsable de las arcas municipales de la capital ha preferido manifestarse con prudencia ante el avance de la sentencia, y a la espera de que el Tribunas Constitucional informe de su contenido definitivo. «Estamos esperando a ver qué dice y cuál es la letra pequeña», señala Campos, que aguarda el borrador que tiene previsto elaborar el Ministerio de Hacienda, «que garantizará la constitucional del tributo y ofrecerá seguridad jurídica no solo a los ayuntamientos, sin o también a los contribuyentes».

«Estamos a la espera de conocer el contenido completo de la sentencia y de cuáles son las medidas que establece el Ministerio de Hacienda», reitera la edil, que asegura que la recaudación por este impuesto «fluctúa mucho» y evita ofrecer cifras.

Campos insiste en esperar a leer la sentencia, que avanza que la medida no tendrá carácter retroactivo, «y hay que ver que nuevos criterios de valoración establece el Ministerio» a través de la nueva regulación que elabora.

«No podemos alarmar ni a los ciudadanos ni a los ayuntamientos», afirma la responsable de Hacienda de Logroño, que elude manifestarse al respecto de las críticas vertidas sobre el Gobierno, que no ha legislado al respecto, a pesar de que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que declaraba inconstitucional el cobro de la plusvalía si no se había obtenido ganancia.  ElAyuntamiento de Logroño, de hecho, ya ha dejado de ingresar más de tres millones por este concepto desde la primera sentencia del TC.

Por parte del PP, principal grupo de la oposición en el Consistorio de Logroño, y según informa Europa Press, su portavoz Conrado Escobar señaló, en una primera valoración de la sentencia, que «es evidente que es una demostración de que se ha gestionado mal desde el PSOE, y estaban advertidos».

En esta línea, y aunque adelantó que van a mantener una reunión al respecto «para valorar adecuadamente» el fallo, el portavoz popular desatacó la importancia de «prestar una solución para todos los ayuntamientos de España, de manera que se pueda compensar adecuadamente la pérdida de ingresos», que, en el caso de Logroño,  cifró «en unos 8 o 9 millones de euros».

Los pequeños no lo aplican. Este impuesto, que según informa Daniel Osés, presidente de la Federación Riojana de Municipios, no es aplicado de manera general en La Rioja -como en los más pequeños y algunos medianos, como Nalda,  del que él es alcalde-, sí es efectivo en los municipios de mayor tamaño.

De hecho, el pasado 19 de septiembre, el Ayuntamiento de Haro informó de que más de  450.000 euros habían ido a parar a las arcas municipales provenientes del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondiente a la venta de la propiedad en la cual desarrolla su actividad 0. La cantidad había  sido pagada por el titular de la finca que vendió el terreno a la cadena de supermercados.