Arag-Asaja ha informado este miércoles de su reclamación de "medidas urgentes" a la Junta Directiva de la Interprofesional del Vino de España (OIVE) para salvar la rentabilidad de los viticultores, entre las que se encuentran más ayudas por parte del Ministerio de Agricultura al almacenamiento privado y cosecha en verde.

Así lo han explicado, en una rueda informativa, el presidente de Arag-Asaja, Eduardo Pérez Hoces; y su secretario general, Igor Fonseca; quienes han detallado las propuestas que esta organización presentará sobre uva y vino a la OIVE.

Pérez Hoces ha subrayado la necesidad de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, habilite un presupuesto extraordinario para aumentar la efectividad de las medidas del Programa de Apoyo al Sector del Vino (PASVE) ante la dimensión de la crisis de la covid-19.

"Pedimos un cambio en la distribución económica de las medidas del PASVE porque únicamente 6 millones de euros, un 2,85 % del presupuesto total del Ministerio de Agricultura, fueron destinados a la medida de cosecha en verde para la vendimia de 2020", ha añadido.

Ha informado de que su organización "volverá a reclamar a Europa que permita la cosecha en verde parcial, en lugar de condicionar las ayudas a la destrucción de toda la producción de la parcela", ya que es una reclamación que piden desde hace tiempo.

Asimismo, el presidente de Arag-Asaja ha afirmado que la crisis del sector es "una consecuencia directa del cierre forzoso de la hostelería y de la ralentización de su actividad durante los últimos meses -por la pandemia-", por lo que pide que los fondos del PASVE vayan dirigidos preferentemente hacia las zonas productoras de vino de calidad.

En este sentido, ha sugerido a las bodegas y a los viticultores riojanos que se acojan a estas ayudas porque cree que "hay otras muchas ayudas prometidas que siguen sin responder a las necesidades de los riojanos".

También ha anunciado que esta organización agraria planteará mayores garantías en el cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y, para ello, ha explicado,"solicitará a la OIVE que reclame más fondos para la Agencia de Información y Control Alimentarios para ejercer su función.

Además, ha comunicado que propondrá que sean las organizaciones agrarias las que puedan formalizar las posibles denuncias de los viticultores por incumplimientos de contratos y bajos precios, que "merman la rentabilidad de los productores riojanos".

"Pondremos de manifiesto que la ley tiene que admitir como referencia los estudios de costes que realizan organismos independientes, como universidades y consejerías de distintos gobiernos autonómicos, a los efectos de determinar los costes de producción de un viticultor en cada zona productiva", ha agregado.

Del mismo modo, pedirá a la OIVE la puesta en marcha de un código de buenas prácticas entre productor y bodega, con el objetivo de que "únicamente se beneficien de las ayudas públicas aquellas bodegas que han demostrado que cumplen con las obligaciones de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y apoyan la realización de contratos plurianuales con viticultores".

Por su parte, Fonseca ha destacado el problema "estructural e histórico" que tienen muchos productores locales a la hora de acogerse a determinadas ayudas, que "vienen desde antes de la crisis sanitaria y económica de la covid-19".

Ha reclamado al Ministerio de Agricultura que se implique con la crisis del sector como se hace en Francia e Italia, países que "han puesto encima de la mesa medidas concretas para ayudar a los productores vitivinícolas".

En este contexto, ha pedido "asegurar las exportaciones del vino frente a los aranceles impuestos en los últimos años por Estados Unidos y con la reciente salida del Reino Unido de las instituciones europeas".