La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha movido en la ambigüedad cuando en la sesión de control al gobierno, se le ha preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo que, en consonancia con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obliga a la Generalitat a cumplir lo que marca la Ley, que al menos el 25 por ciento de las clases en Cataluña se impartan en castellano. Alegría, en lugar de defender la enseñanza del castellano como se supone debe hacer una ministra de Educación, arremetió contra los diputados que trataban de sacarle una crítica a las autoridades catalanas que no están por la labor de acatar la sentencia de los tribunales.
La ministra, aragonesa, sencillamente no se atrevió a decir que la Generalitat estaba obligada a asumir la sentencia del Supremo, prefirió no meterse en jardines incómodos. Menos aún cuando se están negociando todavía algunos flecos sobre el apoyo de los independentistas a los Presupuestos porque pretenden que las plataformas audiovisuales emitan un 6 por ciento de sus contenidos en catalán. Un asunto, por cierto, que también afecta a la ministra de Educación.
En España se vive ahora el mundo al revés. El gobierno da prioridad a asuntos de escasa enjundia y se gasta palabrería en defender asuntos como la necesidad de hacer una ley para fomentar el uso de la bicicleta, mientras se desentiende de recordar y exigir el acatamiento de las decisiones judiciales, se menosprecia la importancia de los datos económicos de instituciones solventes - los últimos, los de la OCDE- se aprueban las iniciativas de quienes se sitúan al margen de la Constitución -entre ellos el partido con el que cogobiernan- y se considera irrelevante que un gobierno regional fomente actitudes propias de repúblicas bananeras para controlar a sus ciudadanos, incluidos los niños -con chivatos que denuncian a quienes no hablen permanentemente en catalán. Y encima con la ministra del ramo sin intervenir para los ciudadanos de Cataluña, además de un sistema de inmersión en el catalán, lo tengan también en la lengua común de todos los españoles.
Hace unos años, un altísimo dirigente catalán, le contó a esta periodista que había matriculado a sus hijos en un colegio alemán. Ante la reflexión de que era buena idea manejar bien en alemán porque se abría un mercado importante para el futuro de sus hijos, comentó abiertamente que no los había enviado a ese colegio para que aprendieran bien alemán … sino para que aprendieran bien español. Poco hizo en ese sentido cuando tuvo en su mano empujar para que lo que quería para sus hijos en un colegio privado pudiera estar al alcance de todos los estudiantes de Cataluña.
Escuchar en boca de la ministra de Educación su defensa encendida de la inmersión lingüística del catalán sin defender con igual pasión el aprendizaje del castellano es una prueba más de que este país, con Pedro Sánchez, no tiene remedio.