El PP va a llevar al Parlamento de La Rioja diferentes iniciativas para averiguar si el Gobierno regional intervino de algún modo para que la Universidad de La Rioja(UR) sancionara con cinco meses de suspensión al exdiputado socialista Raúl Juárez en lugar de que fuese despedido.
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional, Jesús Ángel Garrido, ha ofrecido este lunes una conferencia de prensa en la que se ha referido a lo ocurrido con Juárez, que dimitió como diputado regional la semana pasada.
El exdiputado dejó su acta tras conocerse su sanción de cinco meses de suspensión de empleo y sueldo, con un expediente administrativo de la universidad, por realizar actividades profesionales incompatibles con su puesto de profesor sin estar autorizado para ello.
Algo que supone "un nuevo caso de falta de ejemplaridad y honestidad en el PSOE de La Rioja y en el proyecto político que rodea a Concha Andreu".
"Ha dimitido porque no ha sido ejemplar, por incumplir su obligación de cumplir la normativa de incompatibilidades", ha insistido Garrido, que ha recalcado que "la dimisión se ha producido cuando todo esto se ha hecho público" con lo que "no cabe hablar de ejemplaridad en modo alguno".
En este punto ha citado al secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón, que la semana pasada calificó de ejemplar el comportamiento de Juárez "con lo que quizás entiende que incumplir la normativa de incompatibilidades es algo ejemplar".
Además "Ocón dijo que no hubo mala fe" en lo hecho por Juárez "con lo que igual entiende que quien ha actuado de mala fe es la administración que le ha sancionado", en alusión a la UR.
Ha asegurado que, incluso, "lo que más inquieta" es que haya podido existir una injerencia del Ejecutivo regional "al más alto nivel" para reducir la sanción al exdiputado "y si se acredita, en vez del caso Juárez pasaría a ser el caso Andreu".
En este sentido, ha afirmado que el Estatuto del Empleado Público establece en uno de sus artículos que a los profesores interinos sancionados por una infracción muy grave no se les renovará el contrato "pero en este caso se ha aplicado otro artículo, más beneficioso" para Juárez.
Por ello el PP cree que "hay que aclarar si hubo habido injerencia" y "constatar que Presidencia se ha mantenido al margen".
Por ello han pedido la comparecencia en el Parlamento Regional del Consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada (de quien dependen la UR) y de la directora general de Universidades, Pilar Vargas.
También van a realizar diferentes preguntas al Ejecutivo regional en la Cámara y van a solicitar una copia del expediente sancionador de Juárez; y van a revisar las declaraciones de actividad y de incompatibilidades que presentó en la Cámara "para ver si hubo ocultación y comprobar si hay información relevante".
En cualquier caso, el PP considera que "llueve sobre mojado en el proyecto socialista" y "a medida que avanza la legislatura se hace evidente que este Gobierno regional carece de honestidad y ejemplaridad".
Ha respaldado esta afirmación en cuestiones como una condena a la consejera de Salud, Sara Alba, (cuando era responsable de una empresa) por despedir a una trabajadora en periodo de lactancia; o que el exconsejero de Educación, Luis Cacho "apoyaba subir impuestos y luego tenía una sociedad patrimonial en Luxemburgo".
También en que "Andreu fue incapaz de cesar al director general Mario Herrera por saltarse el confinamiento" y "la presidenta incluso ha justificado la falta de transparencia de la consejera Raquel Romero al no declarar la compra de una vivienda".
Garrido, por último, ha detallado que no han solicitado que el rector de la UR, Juan Carlos Ayala, acuda al Parlamento "porque nuestra labor es controlar al Gobierno".