El Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha acordado prisión provisional sin fianza para una mujer, la principal herida en la deflagración, por su presunta implicación en la explosión ocurrida en un edificio de Lardero el pasado 20 de diciembre, una deflagración que destruyó tres áticos por completo, ocasionó daños en otras viviendas de la finca, ubicada en el número 2 de la calle El Cristo, y causó heridas a cinco personas.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), la medida fue adoptada a petición de la Fiscalía, que considera a la mujer presunta responsable de delitos graves y lesiones.
El Juzgado de Instrucción número de 2 de Logroño, órgano judicial competente para la instrucción de esta causa, ratificó así la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, que envió a la mujer a la prisión de Nanclares el pasado 3 de enero, una vez que abandonó la Unidad de Quemados del hospital de Cruces donde fue trasladada para ser tratada de las heridas que sufrió en la explosión.
El abogado ha hecho llegar a la familia de la detenida en Uruguay, a través de correo electrónico, los documentos que acreditan los principales términos policiales y judiciales de la causa. Según relata, a la mujer se le acusa de haber provocado una explosión de gas en el edificio en el que había vivido con su pareja, un suceso que, apunta, ha alcanzado importante repercusión mediática, afirmación que sustenta adjuntando el enlace a la información del hecho publicada en un «importante» medio nacional. Señala que las causas de la explosión «no han sido totalmente fijadas todavía», aunque, explica el letrado, lo que sí parece es que la detenida accionó un electrodoméstico y «el contacto con la instalación eléctrica de la casa produjo la explosión». Ahora bien, afirma el abogado, la Policía está intentando averiguar si «su madre realizó tal acción de manera intencionada o accidental».
El hijo de la acusada, Dylan Pérez, sigue relatando que, según su letrado, la situación no tendría más importancia para un ciudadano que reside de manera regular en España, posea arraigo en nuestro país y domicilio en el que se le pueda localizar hasta el día en el que sea juzgado, circunstancias que no confluyen en este preciso caso y que, probablemente, hubieran supuesto su puesta en libertad.
«Pero no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada y la persona que vivía en ese ático, que era el propietario, ya no es su pareja», explica el hijo de la presunta autora de la explosión, que afirma «que ha estado literalmente sola en el hospital». Dylan Pérez continúa relatando que la asistente social que se hizo cargo de ella durante su convalecencia hospitalaria no encontró un alojamiento para la encausada. Si hubiera tenido una morada en la que quedarse, «lo más seguro es que hubiera sido liberada a condición de que se presente en el Juzgado con cada requerimiento», pero al no ser este el caso, el juez ha dictado su ingreso en prisión ante la existencia del riesgo de fuga y «escapar de la Justicia española». La familia de la mujer, que lleva en este país entre tres y cuatro años, lamenta que ninguna persona competente les informó de la situación ni hospitalaria ni penal de su madre, que carece de papeles y domicilio.
Apoyo del consulado. Pérez, uno de los tres hijos de la mujer, lamenta que ninguna autoridad competente, ni sanitaria ni policial, les informó de la situación en la que se encontraba su madre, cuyo estado conocieron dos días después del suceso a través de una amiga. Al respecto, resalta la «tremenda mano» que han recibido del consulado uruguayo, que les ha proporcionado «mucha» información.
Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil realizaron, los días siguientes a la explosión, diferentes actuaciones en el escenario del suceso en busca de pruebas, indicios o vestigios que permitieran su esclarecimiento. Se abrieron diferentes líneas de investigación y no se descartaba «ninguna hipótesis», si bien desde un principio se barajó como causa del siniestro la acumulación de gases en una de las viviendas, precisamente en el ático donde residía la ahora encarcelada.
Los desalojados. A causa de la explosión del edificio, ubicado en el número 2 de la calle El Cristo de Lardero, hubo que desalojar a los moradores de las 19 viviendas, que todavía no han podido volver a sus casas. En un primer momento, se habilitó el Centro de Recuperación de personas con discapacidad física (CRMF) para acogerlos, aunque posteriormente, el Irvi e inmobiliarias han localizado acomodo para todos aquellos que no han podido alojarse con sus familias. Así lo explica el alcalde de Lardero, Manuel Vallejo, que añade que el Ayuntamiento «ha pasado un informe al administrador de fincas para que los técnicos evalúen y hagan un informe» del estado del edificio para iniciar «cuanto antes» la reparación del inmueble.
Vallejo mostró su sorpresa al enterarse de la detención efectuada y explicó que conoce los últimos acontecimientos a través de la prensa y afirma que la «mayor de las alegrías» es que no se produjeran víctimas mortales a consecuencia del suceso. «Después de cómo quedó el edificio y los pisos, que no hubiera víctimas mortales fue un milagro», considera el alcalde de Lardero, que desea un rápido «esclarecimiento de los hecho» y la solución «con la mayor premura posible» al estado del edificio que permita la vuelta de los vecinos.