«El estado de alarma es el pasado. Ahora hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación». Así de tajante se mostró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser cuestionado por si su hoja de ruta para la gestión de la pandemia tras el fin del estado de alarma puede variar, con un plan b, como pide el PP, o con un regreso al paraguas constitucional, como han dejado caer varios dirigentes autonómicos. Pues, a tenor de sus palabras, ni lo uno ni lo otro. Y es que el líder del Ejecutivo está convencido de que para controlar la expansión del coronavirus es suficiente con la única modificación legal (permitir a las regiones acudir al Supremo para que valide la restricciones) que ha llevado a cabo el Gobierno en estos meses, unida al ritmo de la inmunización (el 13,3 por ciento de la población ya ha recibido la pauta completa de alguna de las vacunas que se administran). Además, según remarcó Sánchez, «no puede ser» que la oposición eche de menos ahora el estado de alarma cuando se opuso a ello en octubre, y recordó que una ley ordinaria como la que pide el PP para dar seguridad jurídica a las comunidades, no puede sustituir nunca a la Constitución algo, que es de «primero de Derecho».
Mientras el líder del Gobierno se cierra en banda a cualquier modificación legal aferrado a la inmunización, los que el propio Ejecutivo ha convertido en árbitros de la pandemia, los jueces, siguen mostrando sus divergencias de criterio que han llevado, por ejemplo, a que se haya rechazado el toque de queda en Navarra o el cierre de un municipio en Andalucía, pero se hayan aceptado otros. Un «caos jurídico» denunciado por los principales afectados, los Gabinetes regionales, la oposición y, también, algunos de los socios de investidura del propio Sánchez, como PNV, Bildu, Más País y Compromís, que lamentaron que Moncloa haya dejado en manos de la Justicia la última decisión sobre las restricciones.
El más duro fue el portavoz de los jeltzales, Aitor Esteban, que acusó al Gobierno de cometer un «error» al no aprobar ninguna normativa para gestionar la pandemia tras el fin del estado de alarma, lo que ha causado «innecesariamente» un caos jurídico. «El Ejecutivo central tiene que legislar, no le puede pasar la patata caliente a otros», aseveró por su parte el líder de Más País, Íñigo Errejón.
Desde Compromís, Joan Baldoví, fue un paso más allá y avisó al presidente de que «no le temblarían las manos para intentar llegar a un acuerdo» con el PP si el Ejecutivo no toma la iniciativa ante un «modelo confuso» que deja todo en manos de los tribunales.
Unas críticas a las que sumaron también las autonomías, especialmente aquellas gobernadas por el PP. Así, el líder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que la «única» solución para este caso es aprobar una nueva legislación sanitaria a nivel estatal, ya que «el Tribunal Supremo no puede ser un juzgado de guardia». «Hemos pasado del estado de alarma al estado de confusión», enfatizó el presidente andaluz, Juanma Moreno, que incidió en que «la realidad, como ya avisamos, está evidenciando que son necesarios instrumentos legales para abordar esta etapa con la mayor eficacia». Sin reprochar nada al Ejecutivo central directamente, el País Vasco señaló que no contribuirá a la «judicialización» de la gestión de la crisis sanitaria, por lo que descartan acudir al Supremo.
Lenta bajada
Y mientras la polémica política continúa, la evolución de la pandemia continúa la tendencia descendente que inició hace dos semanas con una nueva bajada de la incidencia hasta 180,6 (8,3 puntos menos que el pasado lunes), aunque sigue sin reflejarse en las UCIS, donde hay una ocupación del 20,4 por ciento (apenas un punto menos) y en los fallecimientos, con 205 más notificados en las últimas 24 horas, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado 26 de marzo. Además, Sanidad notificó 4.941 nuevos contagios, con lo que la cifra total desde el inicio de la pandemia se eleva a 3.586.333.