Causas relacionadas con la covid-19 han provocado este lunes la suspensión del juicio previsto en la Audiencia Provincial de La Rioja contra el promotor de Rioja Airles y, ante la imposibilidad de celebrarlo por videoconferencia, se ha señalado para el próximo 13 de octubre.

El fiscal pide cinco años y medio de prisión por apropiación indebida, administración desleal y falsificación de documento mercantil en la empresa Rioja Airlines, que constituyó el acusado junto a un grupo de inversores en 2007, pero que apenas llegó a funcionar, según detalla el escrito de acusación del fiscal.

También está acusada su exesposa, para la que el fiscal pide cuatro años de cárcel y 3.650 euros de multa.

Además deberán indemnizar con unos 95.000 euros a los empresarios perjudicados en la creación de esta sociedad, que administró el principal acusado, aunque el fiscal no considera punible de forma penal para los acusado la venta de billetes para viajes que no llegaron a ser disfrutados por los compradores.

En este sentido, el fiscal incide en que la empresa no tuvo el objetivo de estafar a los compradores de esos billetes de avión, sino que la propia empresa fue perjudicada por el que era su administrador.

Los hechos se remontan a 2007, cuando el acusado expuso el proyecto de creación de Rioja Airlines a una serie de inversores que, poco después, constituyeron la sociedad y le nombraron a él consejero delegado de la sociedad.

El objeto social de la mercantil era el transporte de pasajeros, mercancías, correos y carga en general, la explotación de aeronaves y su mantenimiento y la explotación de transporte aéreo, terrestre o marítimo.

Constituída la sociedad, el acusado fue quien se encargó de realizar todas y cada una de las gestiones para su puesta en funcionamiento, como buscar compañías a las que alquilar aviones; y el comienzo de las operaciones de vuelo fue el 24 de junio de 2007, con un viaje inaugural a Málaga, con escala en Zaragoza.

Los problemas de la sociedad, explica el fiscal, comenzaron en agosto de ese año, cuando el acusado manifestó a los inversores que tenía un nuevo y exclusivo proveedor aéreo que sustituiría al primero, al que abonarían sus servicios con pagarés firmados por los inversores, de los que se llegó a suscribir uno de más de 33.000 euros.

A mediados de agosto de 2007 los inversores solicitaron al acusado un informe contable y financiero de la situación de Rioja Airlines, a lo que se negó él; y, días después, renunció a su cargo y al que tenía en otra empresa que facturaba a Rioja Airlines 7.000 euros mensuales "en concepto de servicios didácticos", sin conocimiento de los accionistas de esta.

Los accionistas cesaron al acusado en septiembre y una posterior auditoría indicó que la situación económica de la sociedad era de insolvencia, que impedía cumplir las obligaciones exigibles por la pésima gestión del acusado, por lo que se promovió el concurso de Rioja Airlines.

En 2011 se declaró el concurso de Rioja Airlines y se inhabilitó al ahora acusado durante dos años.

El acusado, durante su mandato como consejero delegado, facilitó a los demás socios una información irreal y sesgada de la contabilidad financiera de la mercantil y realizó diferentes actos desleales en su gestión, según el fiscal.

Entre esos actos estuvo el de disponer de forma fraudulenta del dinero efectivo de la sociedad, ayudado de forma esencial por la otra acusada, que era su esposa en el momento de los hechos, mediante facturas "por servicios didácticos" de hasta 63.000 euros.

El acusado realizó disposiciones en efectivo por un total de 18.339 euros sin la menor justificación de destino, así como gastos en concepto de dietas y gastos de representación no justificados por un importe de 4.779 euros y se hizo con un cheque a favor de la otra acusada de 9.000 euros.