Pedro Uruñuela, consejero de Educación y autor de varias publicaciones y artículos relacionados con la convivencia en los centros, está demostrando su capacidad para la negociación y, aunque su primer decreto de escolarización ha encontrado defensores y detractores, está logrando salvar el espinoso asunto de los conciertos educativos con menos cicatrices de las previstas.
«Estamos satisfechos porque finalmente no se eliminaron de oficio unidades concertadas y además se establecieron puentes de comunicación y diálogo entre la Consejería y la escuela concertada», señala el presidente de Concapa, Carlos Torres, que entiende que se ha dado «un paso adelante» para recorrer un camino para mejorar el sistema educativo en el que ambas redes deben ir de la mano. Miembro de la comisión de conciertos, destaca su satisfacción por el mantenimiento de tres aulas en Jesuitas,Marianistas y Salesianos-Los Boscos que, en primer término, la administración proponía eliminar. «Hay que felicitar al consejero por tomar una decisión que nos parece valiente», añade Torres, que cree que «no tiene ningún sentido» enfrentar a la pública y la concertada.
Críticas del PP. La misma satisfacción por la «rectificación» comparte el PP, cuyo portavoz parlamentario, Jesús Ángel Garrido, no obstante, critica la «improvisación» de la que ha hecho gala el departamento de Pedro Uruñuela, que el martes 30 de marzo realizó una propuesta para la supresión de varias unidades en la enseñanza concertada en Secundaria «que no duró ni un día». «No parece que sea la manera adecuada de gestionar algo tan importante como la educación cuando se van dando semejantes bandazos», critica Garrido, que considera «inexplicable» que el Ejecutivo redacte una propuesta con una vigencia inferior a 24 horas. El líder popular confiesa su «preocupación» por el proceso y el papel que juega la Oficina de Escolarización, que augura supondrá un auténtico quebradero de cabeza» en la gestión del «día a día», al tiempo que muestra su desconfianza respecto al nuevo organismo.
«Vamos a estar muy pendientes de cómo se organiza esa gestión, que el Gobierno pretende centralizar, cuando hasta ahora no había ocurrido», argumenta el diputado popular, que entiende que esta nuevo modelo obedece a la filosofía gubernamental de «controlar el ámbito de la educación».
Belinda León, diputada de Ciudadanos, opina que el Gobierno ha tomado en los últimos días varias decisiones de manera «precipitada», entre las que subraya «la sorpresa bienvenida» de que no se va a eliminar ninguna aula de la concertada. «Es una gran noticia», cree la parlamentaria, que entiende que su pretendida supresión conllevaba «una gran carga ideológica» al afectar de manera exclusiva a la concertada. «Las han mantenido alegando que aulas con menos niños aumentan la calidad de la enseñanza», argumenta la parlamentaria naranja que, no obstante, resalta que esta conclusión debe ser consecuencia del «gran barullo» que hay en el interior del Ejecutivo, ya que la decisión adoptada «va en contra» de lo defendido en el pacto de gobernabilidad. «Debe haber habido algún tipo de discusión fuerte», reitera León, que entiende que se ha debido a que muchos votantes del PSOE no comparten medidas «tan radicales».
Gustavo Navas, presidente de ANPE, califica como positivo el proceso de escolarización, que augura que va a garantizar la «igualdad» para todos los padres, aunque insiste en pedir «transparencia» a la administración para que se conozca el número de plazas en cada centro y a quién se adjudican, algo que, señala, han echado en falta hasta ahora. Destaca que «está claro» que tanto la red pública como la concertada son necesarias y «si las aulas también lo son» deben, del mismo modo, mantenerse.
La presidenta de FAPA, Marisol Galilea, defiende el nueve decreto de escolarización -con aspectos como que se conservarán los puntos para la segunda opción- y piensa que en este año de «transición», la voluntad del Gobierno ha sido la de «apaciguar los ánimos» de la concertada para que «se vea que todo el mundo puede llevar a sus hijos donde quiera».
Eliminar conciertos. La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, pieza fundamental para la supervivencia del Ejecutivo de Concha Andreu, rebajó ayer el tono de sus críticas al mantenimiento de las aulas educativas en la concertada. «El Gobierno va lento, pero entendemos que va dando pasos;lo que es importante es que no se concierten unidades que no son necesarias», reflexionó, al tiempo que considera que Educación «no ha sido suficientemente valiente», porque se debe insistir en «recuperar unidades a favor de la enseñanza pública». Valora la rebaja de la ratio a 20 alumnos, pero reitera que hay que seguir avanzando en la eliminación de los conciertos «en aquellos centros que segregan por razón de sexo, como Alcaste» o por otros criterios, como los socioeconómicos.
Por su parte, el socialista Raúl Díez apunta que el actual Gobierno «busca parámetros objetivos, algo que hasta el momento no se había producido», e insiste en que «tienen claro» que el Gobierno no va a permitir que existan niveles de ocupación «excesivamente bajos, que se costeen a costa de los ciudadanos».
Recuerda que en el pacto de Gobierno firmado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida figura que en los municipios donde sea necesario eliminar unidades no se sacrificarán las de la enseñanza pública, y reitera que esta es «su prioridad». Ello no implica menor apoyo a la cocertada, pero siempre sobre criterios «objetivos, ponderados y evaluables».