Sin conocer cuáles van a ser las cuatro áreas en las que, para la escolarización de los alumnos se dividirá Logroño, la eliminación de la zona única -de la que salen Lardero y Villamediana- es el asunto que más polémica ha despertado de los aspectos contemplados en el decreto y ha dividido a la comunidad educativa.

Marisol Galilea, presidenta de FAPA, estima que a la actual situación «había que darle una vuelta» y califica de «problemática» la zona única. «Nos parece más razonable que sea por localidades», señala Galilea, que vaticina que en este curso, por la bajada de la natalidad, no habrá problemas para la elección. Desde ANPE, su presidente, Gustavo Navas, cree positivo el reparto en cuatro zonas, aunque pide a la administración que sea «flexible» en los márgenes entre ellas para que no se delimiten por calles y se dibujen en torno a un radio para difuminar el efecto frontera. 

El socialista Raúl Díez mantiene que está nueva delimitación debe ser la norma. «No llegaron a explicar por qué se unificó en 2012, a no ser que fuera para establecer determinada segregación escolar», señala el diputado, que asegura que van a «luchar siempre contra ello».

En el otro extremo, el portavoz popular, Jesús Ángel Garrido, destaca su «gran preocupación» por la «ruptura» de la zona única;de hecho, el PP ha presentado en los tres ayuntamientos y en el Parlamento de La Rioja la misma moción, encaminada a su mantenimiento con el objetivo que el Gobierno «rectifique».  Desde Cs, Belinda León, coincide en que romper la zona única de escolarización es retroceder en el tiempo. «Es crear un problema donde no lo había; la oferta y la demanda están equilibradas», señala.

En el otro lado,  Carlos Torres, presidente de Concapa, se muestra contrario a la zonificación de Logroño que, reflexiona, «perjudica a todas las familias» porque limita la elección de centro.  «No tiene mucho sentido, se limita a las familias y se generan problemas que se quieren evitar, como guetos», entiende el presidente de Concapa.

Francisco Gallardo, de CSIF, lamenta las controversias en torno a la escolarización originada por «las discrepancias políticas y determinados intereses que han tomado como rehén la educación pública». Apela a  un gran pacto educativo, en el que se dejen a un lado las diferencias políticas para apostar por criterios pedagógicos a la hora de diseñar las reglas y normas que deben regir una educación «pública, igualitaria, integradora, gratuita y de calidad».