¿Qué tuvo que pasar para que el Gobierno y el PP accedieran a negociar la renovación de las altas instituciones del Estado? Pues ambos coinciden en su apreciación: las dos partes comprendieron que era absolutamente necesario ese consenso, que la falta de diálogo los perjudicaba.
En el Ejecutivo ponen el acento en que fue Pedro Sánchez el que tomó la iniciativa, mientras que los populares dicen que fue Pablo Casado el que dio el paso definitivo al tender la mano al diálogo. Haya sido uno u otro, el resultado es que el ministro Félix Bolaños se puso a la tarea dedicando a ella todo su esfuerzo y su mejor talante, y lo mismo hizo Teodoro García Egea, secretario general del PP. Este último cree que fue clave que dejaran atrás las diferencias, que parecían irreconciliables, para centrarse a fondo en lo que les unía y dejar para más adelante lo que les separaba.
En este último capítulo, en de lo que les separaba, queda pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero socialistas y populares creen que con los pasos que se han dado esta semana en la renovación de los vocales del Tribunal Constitucional, más el Tribunal de Cuentas, más el Defensor del Pueblo, es hoy más fácil que hace unos meses que Bolaños y Egea puedan sentarse a hablar para abordar el problema del órgano de gobierno de los jueces. Porque es un problema. Coinciden en que «es mejor no renovar antes que renovar con un mal acuerdo». No ha habido negociaciones sobre el CGPJ en las reuniones celebradas las últimas semanas, pero sí hay mimbres para ir avanzando cuando las dos partes crean que ha llegado el momento.
El procedimiento que se marcaron Bolaños y Egea fue que los nombres no tuvieran perfil político sino profesional, sobre todo para el Tribunal de Garantías, que debe tomar decisiones muy delicadas en el futuro. Una vez que llegaron a ese acuerdo, cada negociador elaboró una lista que pasó a la otra parte. Llegó entonces el momento de analizar las trayectorias de los nombres que aportaban unos y otros y avanzar en las negociaciones hasta presentar una lista consensuada.
Los cuatro nombres que entrarán al Constitucional, dos por el PSOE y dos por el PP, son conocidos. Por los socialistas, Ramón Sáez Valcárcel, que fue vocal del CGPJ por Izquierda Unida; también ha sido vocal del Consejo Inmaculada Montalbán, a propuesta del mismo partido. En cuanto a los propuestas de los populares están Concepción Espejel, exvocal del Consejo por el PP y actualmente presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo.
Ideologías
Tanto Bolaños como Egea presumen del perfil no político de los elegidos, pero la opinión generalizada en el mundo judicial es que al menos dos de ellos, a pesar de su relevancia profesional, sí han mantenido posiciones políticas muy relevantes. Espejel incluso fue recusada para ejercer como juez en el caso Gürtel por su relación con dirigentes populares, y a Sáez se le considera un magistrado que se ha caracterizado por posiciones muy cercanas a Podemos. Sin embargo en el PSOE y el PP consideran que son respetables sus simpatías políticas siempre que no afecten a sus decisiones profesionales, y el hecho de que hayan sido recusados no significa que en su carrera hayan actuado en función de su ideología.
En los últimos días circuló un nombre como posible miembro del Constitucional a propuesta del Gobierno-PSOE: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que también fue vocal del Consejo en años pasados. Campo, como dice un conocedor de las negociaciones, «se ha movido por tierra, mar y aire» para entrar en el Tribunal de Garantías, y su nombre salió en algún momento en las conversaciones entre Bolaños y Egea; pero no apareció en la lista que Bolaños entregó a este.
Los socialistas indican que Campo cuenta con una trayectoria profesional intachable, pero el Constitucional tiene en estos momentos varios recursos relativos a iniciativas del Gobierno de Sánchez sobre las que tiene que pronunciarse, y es seguro que Campo sufriría sucesivas recusaciones porque él había formado parte del equipo que tomó esas iniciativas.
Queda también algo pendiente en el futuro del Tribunal de Garantías: la elección del nuevo presidente. Recaerá en alguien designado por el PP, porque hoy son mayoría los vocales propuestos por ese partido. Desde hace años se da por seguro que el nuevo presidente sería Pedro González Trevijano, que temía que le llegara el momento de la renovación de su puesto, en julio del 2022, antes de ser elegido para ese cargo al que aspira desde que es vocal del Alto Tribunal.
Los populares aseguran que no darán instrucciones a sus miembros sobre el sentido de su voto, pero están convencidos de que no hará falta porque es un secreto a voces que esos son los deseos del partido y además Trevijano es un hombre que cuenta con el reconocimiento de sus compañeros. Además, el nuevo presidente debe formar parte de los vocales del turno que integra Trevijano, el de los vocales elegidos justo antes de los que han acordado esta semana Bolaños y Egea.
Sin embargo, en la renovación del Defensor del Pueblo no hubo ningún problema. Por parte de Egea para dar el sí a Ángel Gabilondo. Era un nombre que el PP ya aceptaba cuando circuló meses atrás, antes de que Sánchez le pidiera que fuera el candidato a la Presidencia del Gobierno de Madrid, lo que el exministro de Educación aceptó aunque era de dominio público que él aspiraba a ser Defensor. Dicen los conservadores que Gabilondo «no merecía» ser rechazado, aunque algún miembro del partido cuenta que la designación no ha sentado bien en el círculo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En la renovación del Tribunal de Cuentas se ha destacado la salida de la exministra de Justicia con Aznar, Margarita Marfiscal de Gante, que fue la voz dura del órgano fiscalizador en las investigaciones sobre las finanzas de los dirigentes condenados por el proceso independentista catalán más las de aquellos que cooperaron desde la Generalitat para sufragar sus actividades o pagar sus multas y fianzas.
Se ha insinuado que ha dejado el puesto a instancias del PSOE, pero en el PP aseguran lo contrario: hacía tiempo que pensaban en su relevo aunque la exministra esperaba mantenerse en el Tribunal hasta su jubilación. No se han escuchado palabras de defensa hacia Mariscal de Gante en su partido, aunque es difícil discernir si la falta de apoyo es porque se la considera algo del pasado, o que en Génova no estaban muy de acuerdo con sus decisiones.
Unidas Podemos
La renovación de estas tres instituciones indica que PSOE y PP al menos pueden hablar, aunque queda la parte más delicada, la del Consejo General del Poder Judicial. Se han producido algunos avances, pero solo en el sentido de que al menos hay acuerdo entre las dos partes de que es necesario crear el clima que permita sentarse a negociar. Clima que hoy está lejos de alcanzarse, porque hay discrepancias sobre el empeño de Podemos de dar entrada a uno o una de sus personalidades más significativas pero, sobre todo, por las diferencias sobre la fórmula de elección de los miembros del Consejo.
Los populares exigen cambios, pero los socialistas les recuerdan que no los hicieron ni Aznar ni Rajoy a pesar de sus mayorías absolutas. Un argumento que en el PP provoca gran malestar cada vez que lo menciona algún dirigente del PSOE.