El presidente del PP, Pablo Casado, ha condicionado el respaldo de su partido al estado de alarma a que dure un máximo de ocho semanas y la aprobación de un plan B jurídico para restringir la movilidad con una ley orgánica a partir de diciembre.

Casado ha comunicado al Gobierno de Pedro Sánchez estas dos condiciones para que el PP vote a favor de un estado de alarma que considera la "constatación de un fracaso", según ha explicado durante su intervención en la clausura del 23 Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Madrid.

Los gabinetes del Ejecutivo y del PP están en contacto desde ayer y Casado espera tener la "oportunidad de hablar durante esta semana".

El PP cuestiona el estado de alarma decretado ayer por Pedro Sánchez por considerar a las autonomías como autoridad delegada y por esquivar tanto el control parlamentario como judicial durante un plazo de seis meses.

Sánchez ha pedido a todos los grupos apoyo a "una medida tan extraordinaria pero tan necesaria para contener esta segunda ola". En especial ha solicitado el apoyo del primer partido de la oposición y ha recalcado que esto es una "cuestión de estado". "Los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria", dijo en su comparecencia este domingo en Moncloa.

Algunos partidos ya han empezado a posicionarse. Así, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha calificado de "excesivo" prorrogar el estado de alarma por seis meses y pedirá al Gobierno un plalzo "mucho menor". Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera "procedente" seis meses de estado de alarma si el Gobierno acude "con frecuencia" al Congreso "a dar explicaciones y a escuchar lo que digan los diputados".

Desde Vox, su presidente Santiago Abascal ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Consejo de Ministros y ha defendido que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal.