Que España haya alcanzado un alto índice de vacunación entre su población no es sinónimo de que se hayan realizado correctamente todos los deberes para hacer frente a una situación de emergencia sanitaria por la pandemia. De hecho, el alto nivel de inmunización con dosis vacunales, más allá del esfuerzo de las administraciones por conseguirlas –no olvidemos el papel de Europa en la compra de sueros–, y su reparto y gestión de la inoculación, tiene más que ver con un compromiso de la ciudadanía, bien por responsabilidad individual, bien por solidaridad, bien porque hemos sido uno de los países donde la pandemia ha hecho más mella.
Sin embargo, en esta sexta ola se están comenzando a percibir algunos palos de ciego e incoherencias en las administraciones que nos pueden hacer retroceder a los episodios más desconcertantes de la pandemia, jurídicamente hablando. Las Comunidades Autónomas, sobre quién recae ahora el control último de la pandemia en los territorios, vuelven a hablar de aplicar más restricciones, mientras el Ministerio de Sanidad, paradójicamente, las relaja aportando un nuevo 'semáforo covid' menos exigente. Quizás los elementos que más relevancia han de adquirir ahora en el control de la pandemia, más allá del número de casos por cada cien mil habitantes, es el índice de hospitalización y el nivel de saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos.
Entre tanto, las Comunidades Autónomas se han puesto a estudiar medidas especiales para contener el repunte de casos. El País Vasco ha sido la primera en solicitar al Tribunal Superior de Justicia Vasco la autorización a la exigencia del pasaporte covid para acceder a determinados locales de hostelería, que la instancia judicial ha rechazado, pese a que la Fiscalía se mostraba favorable a autorizar la medida.
Es el primer ejemplo de que España no ha hecho deberes en la elaboración de una reglamentación de carácter sanitaria común para hacer frente a una emergencia sanitaria como la que nos encontramos. La Justicia ya ha marcado unos antecedentes peligrosos con la anulación del primer y segundo Estado de Alarma, que hace un mes decretó el Constitucional, o el pronunciamiento contra el parón que sufrió el Congreso de los Diputados. Aunque los TSJ son el recurso al que deben acudir las Comunidades Autónomas, nos podemos encontrar con una exhibición de deterioro social de las instituciones, porque afortunadamente no existe una norma general para restringir la libertad de movimiento.
De momento, solo cabe seguir apelando a la responsabilidad individual, y la concienciación social para hacer frente a la propagación de la pandemia este invierno, que como dicen los expertos, será compleja, y mientras la administración no sea capaz de articular medidas generales de prevención, como el 'pasaporte covid'.