El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha sido el último en cortar una nueva rodaja al melón que abrió Andalucía y ha entrado de lleno en la pelea sobre la fiscalidad, que está marcando el inicio de un curso político que desembocará en mayo en elecciones municipales y autonómicas.

Haciendo caso omiso al mandato de Moncloa, el Gobierno valenciano ha anunciado rebajas fiscales a las rentas de inferiores a 60.000 euros y deducciones por hipoteca y se suma así a la reducción en la tributación que han acometido gobiernos populares, particularmente en el impuesto de Patrimonio, que el barón socialista sin embargo mantiene.

La Rioja evita, al menos de momento, la guerra tributaria y mantendrá el mismo escenario fiscal de cara a 2023.  «No se tocan los impuestos»,  afirmó ayer el consejero de Hacienda, Celso González, que, acompañado de la diputada de Izquierda Unida (IU),  Henar Moreno, informó del acuerdo alcanzado para sacar adelante los presupuestos de la comunidad de 2023, los últimos de esta legislatura, que hoy sancionará el Gobierno. «Así como otros bajan impuestos exclusivamente a los ricos, nosotros lo que hacemos es mantener la fiscalidad para que sea justa y exigible, que es necesaria para la distribución de la riqueza entre todos», aseguró el responsable de las arcas públicas. 

Al respecto, Henar Moreno ratificó el «continuismo» del escenario fiscal que se aprobó en el primer presupuesto que pactaron y que, «en coherencia» con el acuerdo de Gobierno, pasaba por incrementar los tramos autonómicos de las rentas más altas [los de más de 60.000 euros], y la recuperación del Impuesto de Patrimonio, «un regalo» para el 1% más rico de La Rioja.

La diputada de IU argumentó que esta decisión «tiene una importancia enorme» en un contexto en el que las comunidades «pelean» por bajar impuestos, tributos que no solo se dirigen  a «recaudar, sino también a distribuir».

Por lo demás, el responsable de las arcas públicas considera que es una «buena noticia» haber culminado con «éxito» las negociaciones con IU para sacar adelante los presupuestos, lo que demuestra, según destacó, «la salud de hierro» del acuerdo de Gobierno que suscribieron PSOE, Podemos e Izquierda Unida. «El presupuesto impulsará el crecimiento del tejido empresarial, refuerza la protección del empleo y mitiga los efectos del alza de precios con un plan antiinflación», resumió el consejero de Hacienda, que en 2022 ha elaborado un presupuesto que asciende a a 1.897,89 millones de euros.

35% salud. Fue Moreno quien desmenuzó algunos de los aspectos que contemplan los cuartos presupuestos del Gobierno de Concha Andreu, y avanzó que el 35% total del mismo se destinará a la Consejería de Salud y, particularmente, experimenta un importante crecimiento el área de Atención Primaria. «Si el año pasado se le destinó el 25% del gasto del SERIS  este año será el 36%» del total consignado a Salud.

El otro aspecto «básico» donde se pondrá el foco en el área que más presupuesto lleva será la salud mental -para la que el Parlamento ya tramita una ley-  y que aspira a garantizar que hay una ratio de profesionales que permita atender estas demandas «con la suficiente celeridad».

En el ámbito educativo, avanzó que el próximo curso se va a garantizar «de una vez por todas» la gratuidad de los libros  de texto para todos los niveles educativos, «cuyos precios se han disparado» tras la entrada en vigor de la LOMLOE.

«Responde a las políticas que defendemos desde el primer momento, recaudamos más de quien más tiene para garantizar que, vía salario indirecto, se recupera por otra vía», apuntó Moreno, que destacó que la medida «más importante» es la elaboración de un plan que concluya con una red pública de enseñanza de 0 a 3 años.

Al respecto, explicó que se concretará de dos maneras, o bien ocupando aulas que van quedando desiertas en centros públicos a causa del descenso de la natalidad;o bien habilitando nuevos espacios.

Con un techo de gasto de 1.629,5 millones de euros, el presupuesto supone el 6,4% más que en el ejercicio actual (97,5 millones más sobre los 1.532 de 2022), González avanzó que contienen un paquete para luchar contra los efectos de la inflación, aunque no quiso ser más específico a la espera de que el documento obtenga hoy el refrendo del Consejo de Gobierno.

El proyecto de ley llegará hoy mismo la parlamento, donde iniciará el trámite de enmiendas con el fin de que las cuentas estén aprobadas «en plazo, tiempo y forma» para empezar el año con presupuesto. El consejero de Hacienda secundó ayer  lo manifestado la víspera por la secretaria general del PSOE, María Marrodán, y apeló a la oposición a «que sea capaz de estar a la altura» y  «hagan aportaciones sensatas» para sacar adelante unas cuentas «importantísimas». «No solo son los últimos presupuestos de esta legislatura, sino que serán los primeros de la siguiente», dijo le consejero, que presumió de que «no hay mejor gestión que la de este Gobierno progresista».

El Gobierno asumirá el 112. Al igual que se «ha reinternalizado» el transporte sanitario, el comienzo de 2023 contempla la «recuperación para lo público de otro servicio privatizado»:en concreto, el 112, que asumirá la empresa pública Sociedad Riojana de Cuidados Integrales.

«Somos un ejemplo en la recuperación de servicios privatizados, que mejoran la atención al ciudadano y las condiciones laborales de los trabajadores», dijo Moreno, que aseguró que esta media no supondrá un aumento del gasto. Señaló que esta decisión ya estaba contemplada en los presupuestos de 2022 y no implicará variación en los costes. «La partida es igual, y se trata de reforzar el servicio con la contratación de nuevo personal», apuntó la diputada de IU: