El Parlamento de La Rioja ha aprobado una proposición no de ley de IU, con el único voto en contra de Vox, para reclamar al Gobierno riojano desarrollar la Ley de Economía Social y Solidaria.

La diputada de IU, Henar Moreno, ha considerado que esta ley ha sido "uno de los grandes logros de la anterior legislativa", porque se aprobó por unanimidad e incide en construir una sociedad más justa.

Ha reconocido que se dieron pasos pero ha afirmado que ha habido "dejación" en el desarrollo de una ley "que afecta a cuestiones básicas de un modelo que no pone en valor exclusivamente el beneficio privado sino que tiene en cuenta las condiciones de los trabajadores, la solidaridad y el medio ambiente". Así, ha apuntado, por ejemplo, la excesiva burocratización.

El portavoz del Vox, Ángel Alda, ha denunciado el interés de montar "chiringuitos ideológicos con caudal público". "Y no hay más que leer esta ley", ha añadido señalando que se siguen "priorizando ideologías sobre las necesidades materiales".

La socialista Maria Victoria de Vigo ha visto necesario transformar el modelo económico, recordando la celebración del Día del Trabajo Digno. Ha ensalzado los beneficios de la economía social hacia un desarrollo equitativo y sostenible.

El 'popular' Diego Bengoa ha creído que con esta ley, igual que con otras, ocurrió como con el resto de la "diarrea legislativa" del anterior Gobierno socialista, de aprobar leyes y guardarlas en el cajón.

"No se preocupe que el Gobierno de Capellán ha comenzado a reunirse con las entidades que forman parte de la economía social", ha resaltado.

La proposición no de ley insta al Gobierno de La Rioja a desarrollar, antes de seis meses (tiempo introducido con una enmienda del PP, dado que IU había puesto de forma urgente) el reglamento de la Ley de Economía Social y Solidaria.

También a constituir antes de seis meses (nuevamente con la temporalidad introducida con una enmienda del PP, dado que IU había puesto de una vez por todas) el Consejo de la Economía social y Solidaria, comenzando con el Plan de Impulso de la Economía Social.

Por último, promover otras medidas públicas y económicas de apoyo a esta economía, entre ellas la simplificación normativa y administrativa.