«El tema de la viviendas es un problemón», afirmó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cuando la pasada primavera anunció la intención de poner en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos unas 21.000 viviendas para alquiler social procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), un programa que no parece que haya conseguido los objetivos pretendidos. Ha sido una cifra muy inferior -alrededor de una millar- las que, o bien por falta de interés o por otras cuestiones, han pasado a manos de las administraciones regionales y municipales, de las que ninguna se ubica La Rioja.
En esta comunidad según la información que facilitó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, departamento que gestiona el área de vivienda, eran 388 las viviendas puestas a disposición del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos, de las que en la actualidad hay un centenar menos, 282.
Así lo confirma el gerente del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), Javier Caldito, que señala que de este número, según los datos que les ha remitido el conocido como banco malo, 213 sufren «incidencias, desperfectos o están inhabiltables u ocupadas» de tal manera que son solo 69 las que en la actualidad podrían venderse o cederse al Ejecutivo riojano para destinarlas a la finalidad que se persigue.
«Desde que se realizó el anuncio estamos reclamando al Ministerio la puesta a disposición de estas viviendas», confirma Caldito, que añade que para esta y otras cuestiones el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, está pendiente una reunión de la ministra del área en funciones, Raquel Sánchez. Caldito, que ya ocupa esta responsabilidad además de la dirección general de Vivienda en el Ejecutivo dirigido por Concha Andreu, reitera que el objetivo es, y así se está requiriendo con insistencia a la administración central, es que esas viviendas pasen a poder ser gestionadas por el Gobierno riojano cuanto antes.
Ni cuánto ni dónde. El gerente del IRVI no puede concretar cuántas de estas viviendas estarían dispuestos a adquirir porque desconocen en qué localidades se encuentran y qué precios se barajan;es uno de los asuntos que tiene previstos abordar el consejero en su encuentro con la ministra, que no tiene fecha cerrada. El Gobierno analizará después su ubicación y coste para valorar si las adquiere, un extremo imposible de comprobar en la web de la Sareb, que se encuentra desactualizada.
En su portal, señala que posee 604 viviendas -62 en Logroño-;388 anexos, esto es garajes o trasteros-; 203 parcelas;97 unidades destinadas a usos terciarios, como locales, comercios u oficinas; y otras 195 de obras en curso, cifras que no se corresponden con las facilitadas al IRVI, que va a continuar trabajando en la ampliación del parque público de vivienda de alquiler que se constituyó la pasada legislatura.
«A partir de ahí queremos seguir pactando viviendas con Sareb como con ayuntamientos para seguir aumentando el parque público», avanza Javier Caldito, que insiste en la importancia de suscribir los convenios con el banco malo para «que nos siga aportando viviendas» para aumentar su dimensión pública.
A la espera de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria concrete las viviendas que puede ceder al Gobierno riojano, de acuerdo con un estudio de idealista el 99% de la oferta existente en esta comunidad no ha encontrado en los últimos años ningún comprador.
Unas 700 personas figuran en el registro de demandantes de vivienda social del IRVI para un parque público de 214 casas, «que satisface, en la medida de los posible», la necesidad de vivienda social. El perfil de sus ocupantes se corresponde a jóvenes de hasta 30 años, que quieren emanciparse, con ingresos estables y que buscan un alquiler «asequible».