La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicado este jueves a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la apertura de un expediente sancionador tras dos avisos previos por hacer declaraciones "electoralistas" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, a pocos días de las elecciones.

Esta decisión llega tras una denuncia del PP en la que se quejaba de unas declaraciones hechas por la portavoz en Moncloa el pasado 25 de abril en respuesta a una pregunta de los medios sobre las críticas del PP a la exhumación de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

La JEC señala que la portavoz respondió con "valoraciones y apreciaciones críticas con la posición y las decisiones del principal partido de la oposición", todo ello "en el curso de una intervención institucional y haciendo uso de recursos públicos".

"Aunque la ausencia de premeditación mitigue la responsabilidad de la ministra portavoz, no exime a esta del deber de diligencia con el que debe comportarse en sus intervenciones institucionales, evitando la emisión de manifestaciones con connotaciones electoralistas, incluso en aquellas situaciones en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad (...) que se intensifica en periodo electoral", añade.

Además, la Junta Electoral Central recuerda que había reprendido en dos ocasiones a la portavoz del Gobierno tras recibir sendas denuncias del PP por declaraciones efectuadas también en Moncloa en periodo preelectoral, con las elecciones municipales y autonómicas de mayo ya convocadas.

La primera vez fue por unas declaraciones pronunciadas el 4 de abril durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en las que la portavoz criticó que Feijóo no se felicitara por los buenos datos de empleo.

Y la segunda por unas valoraciones hechas el 18 de abril desde el mismo lugar en respuesta a varias preguntas de los periodistas en las que aseguró que las políticas del PP en materia de vivienda eran "fracasadas" y alabó la acción del Ejecutivo en esta materia.

Por todo ello, la Junta Electoral Central determina en esta tercera ocasión incoar un expediente sancionador contra la portavoz del Gobierno "para dilucidar que la eventual infracción sea merecedora de sanción", una decisión contra la que se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación.

La Junta Electoral Central estima que Rodríguez ha vulnerado con sus declaraciones el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración "cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

Además, la Junta Electoral Central concluye que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, vulneró también este artículo con unas declaraciones efectuadas en Moncloa en la misma rueda de prensa del 25 de abril, pero no abre en este caso expediente sancionador contra ella.

Por otra parte y en otra resolución, la Junta Electoral Central ha desestimado una denuncia del PP por unas publicaciones realizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de su página oficial y de sus redes sociales, que según los populares podría suponer una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos.

Expediente a Ribera

Además, la Junta Electoral Central ha apercibido a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por haber vulnerado la neutralidad institucional haciendo electoralismo al haber criticado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ley promovida por el PP y Vox para legalizar pozos en los alrededores del Parque Nacional de Doñana.

Así lo hace el organismo arbitral en un acuerdo dictado este miércoles y publicado este jueves por el que estima parcialmente la reclamación presentada por el PP.

El artículo 50.2 de la Ley Electoral prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades pública.

En el caso de Ribera, la JEC señala que sus declaraciones contra el PP y Vox fueron "espontáneas" y a respuesta a una pregunta de la prensa, pero deja claro que esa "ausencia de premeditación" no mitiga su "responsabilidad" ni la "exime" del "deber de diligencia con el que debe comportarse en sus intervenciones institucionales, evitando la emisión de manifestaciones con connotaciones electoralistas".

"En definitiva, -añade la JEC- la realización de alusiones y apreciaciones valorativas con connotación electoralista podría resultar legítima en el curso de un acto de campaña o en el ordinario ejercicio de la libertad de expresión, pero no en el desempeño de la actividad institucional propia de una autoridad pública".

Por todo ello concluye que Ribera vulneró el citado artículo de la Ley Electoral, si bien no cree procedente incoar un expediente sancionador y se limita a apercibir a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Además, pide que durante lo que resta de período electoral esas declaraciones sean retiradas de la web institucional de Moncloa, y a que "en futuros actos institucionales extreme su diligencia para evitar vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral".

Por último, la JEC cuestiona las alegaciones formuladas por Ribera de que actuó con "voluntad de minimizar el impacto" de las declaraciones denunciadas por el PP. La ministra esgrimió la retirada de sus palabras de la web oficial, pero el organismo arbitral constata que estuvieron allí hasta este mismo miércoles, ocho días después de realizarlas y cinco después de la denuncia, con lo que concluye que es "razonable estimar que la voluntad de minimizar el impacto" de sus palabras "ha sido escasa".