Denuncian a los dueños de 6 de casas por verter aguas fecales

El Día
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La Guardia Civil ha detectado los vertidos contaminantes en un grupo de seis viviendas ubicadas en el Camino de Pradejón, en Albelda, que iban a parar a dos acequias cuyas aguas acaban en el pantano de La Grajera

Imagen de la salida de aguas fecales de las casas. - Foto: Guardia Civil

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han denunciado a los propietarios de seis viviendas ubicadas en el término municipal de Albelda de Iregua, por infracción a la Ley de Aguas, dado que realizaban vertidos que pueden deteriorar la calidad de agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, y efectuados sin contar con la autorización correspondiente.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por la asociación Amigos de La Tierra y por varios ciudadanos residentes en el término de Albelda de Iregua, por un mal olor constante e insoportable en la zona característico de aguas fecales.

Agentes del Seprona que se trasladaron al lugar pudieron localizar el origen del olor en un grupo de seis viviendas ubicadas en el Camino de Pradejón. Tras inspeccionarlas se constató que carecían de servicio público de red de saneamiento, yendo a parar sus aguas fecales y residuales a las acequias de riego del Río Tortillo y Río Atayo, perteneciente a los términos municipales de Albelda de Iregua y Lardero, para acabar desembocando los desechos en el Pantano de Grajera de Logroño.

Tras ello, se procedió a confeccionar las correspondientes actas/denuncia contra los titulares de los inmuebles, siendo puestas las actuaciones en conocimiento de la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja, Confederación Hidrográfica del Ebro y ayuntamientos afectados.

Las infracciones aplicables en materia de aguas se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con multas que oscilan entre los 10.000 euros como sanción máxima en el caso de infracciones leves y un millón de euros para las muy graves.