El presidente el Gobierno en funciones y candidato a repetir, Pedro Sánchez, tendrá la ocasión de comenzar la labor pedagógica sobre la ley de amnistía a los condenados e investigados por el proceso independentista en la primera sesión del pleno de investidura, donde expondrá un programa de gobierno cuya aplicación estará condicionada por el cumplimiento de los pactos que ha alcanzado con los partidos independentistas catalanes sobre el olvido de los delitos que cometieron y el recuerdo de las condiciones que ha de cumplir si quiere que la legislatura tenga una cierta duración.

A la ley de amnistía, que pretende la normalización institucional, política y social de Cataluña, que se traduce en la devolución al ámbito político dentro del marco constitucional del expediente catalán, le queda un largo camino para que entre en vigor y sus efectos se dejen sentir según las previsiones. En primer lugar, por la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que fue presentada en solitario por el PSOE, que si bien en el Congreso se realizará por el procedimiento de urgencia se encontrará con el escollo del Senado que acaba de reformar su reglamento para dilatar al menos dos meses su debate, en un gesto que ha sido calificado por algún portavoz como de filibusterismo parlamentario.

Cuando la norma salga de las Cortes llegará el momento de los recursos. La ley establece que los tribunales en los que se ven los procesos afectados por la ley de amnistía dispondrán de dos meses para resolverlos y establece que los recursos no tengan efectos suspensivos. Pero cosa distinta es lo que ocurra con las cuestiones de inconstitucionalidad que pueden presentar los tribunales que ven esos asuntos ante el Tribunal Constitucional y a los que se sumará el recurso que presente el Partido Popular ante el Alto Tribunal y las comunidades autónomas gobernadas por ese partido. Aunque fuentes del TC han señalado que darán máxima prioridad a resolver la constitucionalidad de la ley, los plazos con los que trabaja harán difícil que pueda pronunciarse antes de seis meses.  

A esto hay que añadir la ofensiva judicial que ya ha comenzado contra la ley con la presentación de una querella por parte de Vox contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y otra de un abogado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la pretensión de frenar incluso la aprobación de la ley y activar el debate político sobre esta cuestión que se va a producir en las instituciones europeas, con la petición de un pleno monográfico en el Parlamento Europeo, que no tendrá consecuencias jurídicas. Pese a los intentos de que fuera la Unión Europea la que ayudara a frenar la aprobación y la aplicación de la ley de amnistía, su texto soslaya la dos principales preocupaciones de Bruselas, la ausencia de cualquier mención al lawfare y al control de las actuaciones judiciales, y la exclusión de los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.

Y una paradoja, Carles Puigdemont podrá regresar a España, no se suspenderá su causa si hay recurso ante el TC, pero no se le podrá detener ni adoptar ninguna medida judicial contra él, y sin embargo Oriol Junqueras que fue indultado de la pena de cárcel pero no de la inhabilitación tendrá que espera a que el TC decida sobre la constitucionalidad de la ley.