Agricultores de municipios como Alberite, Navarrete o Fuenmayor;varios alcaldes de la cuenca del Iregua, como Nalda o Villamediana; representantes de las organizaciones agrarias y del departamento de Agricultura del Gobierno de La Rioja se dieron ayer cita en Albelda para analizar la situación de los frutales del valle, con una prolongada sequía que amenaza no solo la cosecha de este año sino también la supervivencia de los frutales.

En este encuentro, en el que se constató el nerviosismo entre los agricultores, que se enfrentan a daños severos en sus cosechas y serias dificultades para sus negocios, la directora general de Agricultura, María Jesús Miñana, alejó la posibilidad de que, en estas condiciones, el valle pueda recibir la declaración de zona catastrófica.

Los fruticultores confirmaron la incertidumbre que reina en el sector, que desconoce cuales son las  soluciones más adecuadas para aliviar unos daños cuantiosos. «Se está produciendo un mal cuajado, por lo que el árbol expulsa la flor y el fruto», explicó Daniel Sufrategui, miembro de la junta rectora de la cooperativa de fruta de Albelda,  que pide a Agroseguro «que se comporte con los agricultores» y compense el mal cuajado, a pesar de que entre las coberturas del seguro del frutal no se encuentra la sequía.

«Nos gustaría contar con más información para saber si tiramos la fruta al suelo para salvar el cultivo o si la dejamos para coger un 10 o un 15% para salvar el año», añadió el fruticultor que, al respecto, destacó que su interés en solicitar la zona catastrófica no responde a la pérdida de la producción de esta campaña. «Obedece a la posible pérdida de las explotaciones, que cuesta hacer florecer siete u ocho años, con las consecuencias tan desastrosas que acarrearía para el valle en rentas, mano de obra y familias», avisó Sufrategui.

Sergio Ochagavía, agricultor de Albelda, coincidió en poner de manifiesto la preocupación que se ha instalado entre jóvenes labradores, «que han apostado por el relevo generacional» para lo que han realizado grandes inversiones, y se encuentran sin una gota de agua. «Estamos cavando nuestra propia tumba, realizando un gasto muy importante y tenemos que dar la cosecha por perdida este año», constató Ochagavía, que aventuró que lo que es imposible evaluar es «si el valle va  a poder aguantar o va  a quedar arrasado a partir del año que viene».

Ante ello, apela a la adopción de una batería de medidas que ayuden a paliar «el golpe tan duro que nos viene», como subvenciones «sí o sí» para modernizar el regadío, ayudas directas,  «al menos para las inversiones realizadas», o ERTE para los trabajadores contratados.

En este contexto, los fruticultores del valle aspiran a la declaración de la zona catastrófica, que Miñana considera complicado. La directora de Agricultura, que aseguró que es la voluntad de su departamento  «tender la mano» a los agricultores, argumentó que esta declaración está regida por la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil, para la evaluación y catalogación de daños grandes y graves, ligados a catástrofes, emergencias de protección civil, daños materiales o realojamiento de población. «No quiero decir que no puede ser», mencionó Miñana, que constató que las condiciones que exige la norma no se cumplen. 

«Puede haber flexibilidad para atender una situación de emergencia de cuenca del Iregua, ya veremos», indicó la directora, que se comprometió, no obstante, a iniciar los trámites para explorar esta posibilidad.

7 u 8 millones para los productores de Pera de Rincón.  Los frutales del valle del Iregua son los grandes damnificados por la falta de agua, entre ellas la de la marca protegida Pera de Rincón de Soto, que cuenta en esta zona con 470 hectáreas, más de un tercio de las 1.230 que suma toda la denominación. Su director general, Sixto Cabezón, calcula que, si no se logra coger nada, se producirá una mera de entre 9 y 10 millones de kilos, que supondrán unas pérdidas para los agricultores de entre 5 y 6 millones de euros para los agricultores, y entre 16 y 17 millones como producto de venta. «Si nos vamos a la pérdida del cultivo, sería aun desastre», constató Cabezón, que no olvidó las 700 personas que trabajan «en las centrales» y el gasto que efectúan a empresas de la región.