La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) ha pagado en La Rioja 2,1 millones de euros en indemnizaciones por los estragos de la sequía en parcelas aseguradas de cultivos herbáceos (cereal de invierno, legumbres y colza). Esa cantidad, abonada a fecha de este jueves, 27 de julio, supone el 40,07 % del total, que asciende a 5,2 millones de euros.
En el ámbito nacional, Agroseguro ha abonado 52,6 millones de euros en indemnizaciones por los estragos de la sequía en parcelas aseguradas de esos cultivos herbáceos, según ha informado en un comunicado. Los agricultores de Castilla y León recibirán 31,2 millones para cultivos herbáceos, destacando las provincias de Valladolid (9,5 millones) y Palencia (con 8,9 millones). En Palencia, en León y en Segovia se trata del primer pago, al ser zonas de producción más tardía.Los productores de Castilla-La Mancha recibirán 6,7 millones para parcelas de herbáceos, de los que casi cuatro corresponden a la provincia de Cuenca y 2,2 a Guadalajara. En Aragón, Agroseguro abona 3,3 millones; en el caso de Navarra, se pagan 2,7 millones de euros.
Con estos pagos se alcanzan los 251,8 millones en indemnizaciones abonadas en 2023 a productores de cereal de invierno, leguminosas o colza.Además, se comienzan a abonar los siniestros ocurridos en otras zonas de producción más tardía, como La Rioja, con 2,1 millones de euros, o la provincia de Álava, que recibe 1,2 millones. También se continúa avanzando en el pago de indemnizaciones en las zonas más tempranas, como Andalucía (1,9 millones de euros abonados ayer, más de 47 millones en total) o Cataluña (2,3 millones ayer, 49,6 millones en total). Agroseguro ha abonado también 14,5 millones de euros a productores de ajo.
Por otra parte, Agroseguro comienza también a indemnizar los daños en producciones de ajo causados por la intensa actividad tormentosa de los meses de mayo y junio, cargada de lluvia y pedrisco. De momento, se han abonado 14,5 millones de euros; más de 12 millones corresponden a Castilla-La Mancha, fundamentalmente Albacete, provincia en la que se han pagado más de 9 millones de euros.