Era una vieja aspiración nacionalista, puesta sobre la mesa en varias ocasiones en la historia de la democracia, que se verá colmada finalmente esta XV Legislatura. Y todo gracias al aval del PSOE, que incluyó está prerrogativa en su acuerdo para recabar el necesario apoyo de ERC, Junts y Bildu para alzarse la pasada semana con la Presidencia de la Mesa del Congreso.
Fruto de este pacto, que en Ferraz buscan hacer extensible a una hipotética investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, la nueva líder de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, quiere implantar el catalán, el euskera y el gallego en la Cámara Baja. Una intención que ha levantado críticas de otras fuerzas políticas, así como recelos en círculos expertos ante la dificultad de lograr un encaje jurídico y técnico adecuado a la medida.
En este contexto, el uso de las lenguas cooficiales en el Hemiciclo, en sesiones plenarias y en comisiones, abre un debate legal sobre cómo puede llevarse a cabo y al mismo tiempo supone un desafío logístico al requerir de sistemas técnicos específicos, traductores o pinganillos; un empeño cuyo coste económico podría llegar al millón de euros.
«Armengol no tiene facultad política para decir lo que debe hacerse en el Congreso», aseguró el nuevo secretario tercero de la Mesa, Guillermo Mariscal (diputado del PP por Las Palmas), que considera que debe reformarse la normativa para acometer esta iniciativa.
De momento en el reglamento de la Cámara Baja, ni en su capítulo primero y segundo referido a los derechos y prerrogativas de los diputados, ni en su artículo 70 sobre la marcha de los debates en el pleno, se menciona el idioma que deben utilizar sus señorías.
En todo caso, sería la presidenta del Congreso la que teniendo soberanía para interpretar la norma pueda decidir sobre su uso, aunque en este caso Armengol ha puntualizado ya que buscará el consenso y hablará con todos los grupos parlamentarios, además de con los servicios técnicos de la Cámara.
Es el artículo 3 de la Constitución el que sí deja claro que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» y «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección», señala la Carta Magna.
Habitualmente la flexibilidad ha sido la tónica predominante en los debates del Hemiciclo, donde las Presidencias solo han intervenido y retirado la palabra cuando el discurso se prolongaba demasiado.
Sin embargo, lo cierto es que la reforma del reglamento se ha intentado en varias ocasiones.
La última en junio de 2022 cuando ERC, JxCAT, PDeCAT, PNV, EH Bildu, la Cup, BNG y otras formaciones de izquierda como Podemos, Más País y Compromís plantearon cambiar el artículo 6.2 de Reglamento del Congreso a través de una proposición de Ley.
«Para que los diputados tengan el derecho de intervenir en las sesiones del Pleno y en las comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas» y «el derecho de presentar los escritos y documentos de índole parlamentaria en cualquiera de dichas lenguas», decía la iniciativa. También reclamaba que los servicios de la Cámara tradujeran al castellano los escritos presentados en el registro en alguna de las lenguas cooficiales y publicar dichos escritos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
No obstante, la reforma fue rechazada por el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, aunque los socialistas sí apoyaron en el Senado otra iniciativa similar, ya que entonces veían más lógico mejorar el uso de las lenguas cooficiales en una Cámara territorial. «No sabemos cómo va a ser», señalan fuentes de EH Bildu, que no quieren una reforma «light».
Precedente de Senado
El caso de la Cámara Alta marca un precedente, ya que desde 1994 su reglamento se han modificado para mejorar el uso de las lenguas cooficiales en la vida parlamentaria.
De hecho, actualmente en el Senado se puede debatir en otras lenguas las mociones que van al Pleno, así como las iniciativas en las diferentes comisiones.
La primera modificación se efectuó hace 29 años cuando se autorizó el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva, así como en las intervenciones en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrollaba en comisión.
En 2005, se amplió su uso en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo. Y en 2011 a todo tipo de escritos en el registro de la Cámara Alta, así como su publicación, y a la intervención de los debates de mociones en el pleno.
En otro plano está el coste económico y logístico que supone. Traductores, cabinas, sistemas técnicos o auriculares para los 350 diputados tendrían que ponerse a disposición de la Cámara Baja, lo que elevaría su presupuesto anual, que en 2023 se incrementó hasta los 110,4 millones de euros, representando el capítulo de inversiones el 2,5 por ciento del total.
En el caso del Senado, el último cálculo señalado por JxCAT para implantar las lenguas en su integridad rondaba los 950.000 euros anuales.
Un tema recurrente
Ya en 2006 durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos parlamentarios del Congreso en un intento de modificar el reglamento de la Cámara Baja en profundidad chocaron en la autorización del empleo de lenguas distintas del castellano. Fue el escollo que, precisamente, frustró aquella reforma del reglamento.
El entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, zanjó la controversia de manera tajante y sostuvo que para introducir el uso del catalán, euskera y gallego en la Cámara Baja era necesaria una ley específica de lenguas después de que se vivieran algunos incidentes provocados por ERC en el pleno.