La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Logroño, dan por finalizada la denominada operación "Crossbar", que se ha saldado con la investigación de un varón de 40 años, con historial delictivo y vecino de la capital riojana, como presunto autor de un delito de falsedad documental, por lo que se enfrenta a una pena de prisión de entre seis meses y tres años, y multa de seis a doce meses. La operación "Crossbar" se inicia en el mes de octubre de 2023, cuando agentes de la Policía Local del Logroño y del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico -GIAT- de la Guardia Civil en La Rioja, detectan una cabeza tractora estacionada en el Barrio de Varea, sobre la que pesaba una anotación denegatoria emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería que la inhabilitaba para circular por accidente, procediendo los agentes locales a la colocación de un cepo para su inmovilización, tramitando a su vez las correspondientes denuncias por carecer de seguro obligatorio y por no haber pasado la inspección técnica en el plazo debido. Puestos en contacto con la empresa propietaria del camión, esta manifiesta que el vehículo se vio implicado en un grave accidente de circulación en el año 2022, resultando como consecuencia del mismo su conductor fallecido y la cabeza tractora destrozada tras el fuerte impacto, por lo que los investigadores solicitan el atestado del accidente, pudiendo comprobar mediante el informe fotográfico que los graves daños en todos los elementos de seguridad de la cabeza tractora -dirección, suspensión, transmisión, frenado, puntos de anclaje, carrocería, etc- exigían que en caso de ser reparado, debía someterse a una inspección técnica extraordinaria antes de su puesta en circulación.
Los agentes constatan que la cabeza tractora había sido vendida tal y como quedó después del accidente a una empresa de Málaga, esta a su vez a otra empresa de Zaragoza, para acabar finalmente siendo adquirida por un empresario de Logroño, propietario de un camión de idénticas características al siniestrado. Las numerosas contradicciones en las que llega a incurrir este empresario motivan la retirada de la cabeza tractora de la vía pública y su traslado a un recinto cerrado para su análisis y estudio. Durante el mismo se puede comprobar que tanto las placas de instalación del limitador y del tacógrafo, como las 21 centralitas que lleva acopladas sin posibilidad de ser manipuladas, no se corresponden con las de la cabeza tractora siniestrada, sino con las del camión de su propiedad. Finalmente, se ha podido determinar que este empresario adquirió el camión siniestrado para utilizarlo como donante del larguero derecho del chasis y colocarlo en el de su propiedad, que no presentaba anomalías y estaba en perfecto estado, sustituyendo de esta manera el número VIN, así como las placas de matrícula y placas del fabricante para hacer pasar el suyo por el siniestrado. Sobre esta persona pesaba un orden de "Búsqueda, detención y personación" por otras causas judiciales. Además, durante la instrucción de las diligencias se acogió a su derecho constitucional de no prestar declaración ante los agentes y a no manifestar los motivos que le llevaron a hacer pasar un camión por otro. Debido a la importante función del chasis del camión que se encarga de sostener todos los componentes, incluyendo el motor, la cabina, la carga y el sistema de transmisión, y que su manipulación ha sido llevada a cabo por personal no cualificado, se ha determinado la prohibición de su circulación de manera momentánea, por lo que ha quedado inmovilizado, dado que sus anomalías pueden suponer un riesgo especialmente grave para la seguridad vial y la circulación. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.