El cierre continuado y constante de oficinas bancarias, y no solo en el entorno rural sino también en la capital, perjudica de manera significativa a los usuarios. Así lo entiende Carlos Ruiz Marín, abogado de Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicar), que asienta su afirmación en un conjunto de factores que afectan a los usuarios que «necesitan y dependen» de las entidades financieras para realizar operaciones en la propia oficina y carecen de sucursales para efectuarlas.

Además de la dependencia, Ruiz pone de manifiesto las dificultades para los desplazamientos, como es el caso de La Estrella, donde, aunque se mantiene el cajero, hay personas, sobre todo de mayor edad, que deben realizar determinadas operaciones  en una sucursal física. «Hay movimientos que no saben llevar a cabo a través de un cajero», como el pago de un recibo, «lo que les obliga a ir al centro». El representante de Adicar añade al respecto que hay muchos ciudadanos «que no saben operar a través de internet» y otros que «no quieren instalarse aplicaciones», por lo que deben desplazarse a oficinas cada vez más escasas.

Constata además que las grandes entidades han reconvertido un significativo número de sucursales para el uso de empresas, «generalmente las más céntricas», por lo que derivan a los particulares  a otras oficinas, «que deben absorber muchos clientes».

Recuerda además que las asociaciones bancarias se comprometieron a facilitar las operaciones en las entidades para las persona mayores, unos protocolos que no se han concretado. «No hay nada de eso, no se ha llevado a cabo en absoluto; la gente sigue teniendo problemas», constata Ruiz Marín, que agrega a estas dificultades las limitaciones horarias fijadas por las entidades para la realización de gestiones.

El representante de la asociación de defensa de usuarios de banca afirma que los contratiempos para los clientes se han incrementado en los últimos años, aunque muestra su impotencia porque «no se puede hacer nada».

«La banca está prestando servicio, aunque sea en otro sitio», señala Ruiz Marín, que destaca que el Estado quiere «que realicemos todas las operaciones  a través de banca y tarjetas» para fiscalizar todos «nuestros movimientos». 

«Controlan tu movilidad, capacidad económica...nos controlan como ciudadanos», señala.