El fallecimiento de Eduardo Arce, trabajador de la construcción de 38 años el pasado día 1 en Haro, al caer desde la cubierta de una empresa sobre la que realizaba trabajos en el polígono Entrecarreteras de la localidad jarrera, ha vuelto a poner el foco en la alta siniestralidad laboral que sufre La Rioja, que suma este año ya tres accidentes, dos de ellos in itínere. Los sindicatos han vuelto a poner el acento en la prevención, después de que el año pasado se sumaran 14 muertos, la cifra más elevada desde 2005, tras seis años consecutivos de crecimiento.
Paralelamente a este aumento, se han incrementado las sanciones, entre otros aspectos, gracias al Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021- 2023, pactado entre el Gobierno riojano con los agentes sociales -los sindicatos UGT y CCOO y la FER- que tiene como objetivos principales reducir la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores e impulsar una gestión de la prevención de riesgos laborales efectiva y eficiente que redunde, a su vez, en una mejora de la competitividad de las empresa.
Según la información de la Consejería de Economía, los procedimientos registrados en cada ejercicio no corresponden exactamente con el año en que se ha producido el accidente de trabajo, y con esta salvedad, en los tres años de vigencia del plan, los expedientes gestionados han pasado de 66 en 2021 a los 86 del año pasado, tras el salto de 17 producido entre los dos primeros años de vigencia del plan, lo que supone un incremento del 43%. En casi todos los casos los expedientes concluyen en multa, aunque lo que sí se constata es una importante disminución en las sumas. Así, el primer año de vigencia del plan, la cuantía global propuesta ascendía a 241.000 euros para una recaudación de 137.000;en 2022 las diligencias registradas contemplaban sanciones por 287.000 euros para una resolución definitiva de 200.000; mientras que el pasado ejercicio las multas resueltas depararon 252.000 euros, a gran distancia de las propuestas, que eran de más de medio millón. En conjunto, la cuantía de las sanciones ha experimentado un incremento del 46% entre 2021 y 2023.
Agroalimentaria. La mayoría de los expedientes por siniestralidad laboral que se abrieron lo fueron por accidentes leves, de los que el año pasado fueron 69 mientras que 13 tenían la calificación de grave, uno, muy grave y tres mortales, que están suspendidos al haberse abierto un proceso penal.
En cuanto al sector objeto de la apertura del mayor volumen de expedientes sancionadores es el agroalimentario, lo que no supone una sorpresa en una comunidad con una presencia tan elevada de industria conservera o bodegas. El número ha ido creciendo, en consonancia con el aumento general y fueron 22 en 2021;27 en el año 2022;y 32 el año pasado, ejercicio en el que el segundo ámbito con más penalizaciones fue el de servicios, que incluye actividades inmobiliarias, comerciales, hostelería, transporte y comunicaciones, con 9, solo uno más que calzado, mientras construcción recibió 6.
Fue, precisamente, este sector al que se le abrieron más expedientes de todo tipo, y no únicamente como consecuencia de siniestros, con una cifra total 142, resultado de la suma de los iniciados a construcción de edificios y a las actividades relacionadas con la construcción de especializada. A la industria de la alimentación se le abrieron 35, mientras que las actividades de agricultura, ganadería y caza recibieron 29; fueron 21 para la fabricación de productos metálicos; y 14 para la del calzado. De igual manera que se han acrecentado los expedientes por accidentes laborales lo han hecho por otras causas y fueron 300 en 2021, 217 al año siguente y 474 el pasado ejercicio.