Una de las reivindicaciones históricas del sector agrario, si no la que más, y que adquirió categoría de 'caballo de batalla' en las tractoradas de febrero, es el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, que, entre otras cosas, debe garantizar que los precios que perciben agricultores y ganaderos por su productos no estén nunca por debajo de lo que cuesta producirlos. En La Rioja, las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) alertaron en la última vendimia sobre venta de uva 'a pérdidas' de viticultores a bodegas, lo que sería sancionable por la Ley. Pero el resultado de las inspecciones en las operaciones de compraventa no apunta a una situación generalizada de incumplimiento en la región.
De hecho, de las 27 inspecciones realizadas durante 2023 por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, 12 de ellas a bodegas, ninguna acabó en sanción firme.
Sí se impusieron el pasado año cuatro sanciones a firmas riojanas por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura y que interviene cuando la empresa inspeccionada tiene su sede social fuera de la Comunidad, en este caso de La Rioja, o bien cuenta con proveedores de otras regiones. De cualquier modo, en los cuatro casos, con multas para cada una de las empresas de 1.800 euros, las infracciones no estaban relacionadas con los precios, sino con incumplimiento en los plazos de pago.
Pese a lo que indica la actividad de control, las organizaciones agrarias insisten en que en La Rioja sí se dan prácticas que vulneran la Ley de la Cadena Alimentaria. Fuentes de ARAG-ASAJA consultadas por El Día de La Rioja aseguraron que esta organización ha puesto en conocimiento de la Consejería varios contratos que incumplían esa normativa. Algo similar ocurre en la UAGR-COAG, que ha denunciado ante la AICA infracciones a la Ley en la pasada vendimia, aunque prefiere no detallar cuántas ni contra qué operadores se dirigen, porque considera que es preciso garantizar la confidencialidad para proteger a los productores que denuncian. La tercera gran organización del sector, UPA, no ha recibido ninguna denuncia formal por parte de viticultores, lo que a su juicio de su secretario de Organización, Néstor Alcolea, no significa que no se hayan dado vulneraciones de la Ley. «Es evidente que ha habido uvas por debajo de los costes de producción», apostilla Alcolea.
Opinión diametralmente opuesta sostiene el sector bodeguero, que echa mano del balance oficial de inspecciones para concluir que los elaboradores y comercializadores cumplen de forma muy mayoritaria la normativa. «Las numerosas inspecciones giradas por las comunidades autónomas a las bodegas y la práctica ausencia de sanciones confirman, una vez más, que las bodegas de Rioja cumplen claramente con la Ley de la Cadena Alimentaria, como siempre hemos manifestado desde Grupo Rioja», aseguran desde la mayor agrupación bodeguera de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
¿Sanciones en 2024? S¿i el Gobierno de La Rioja no ha encontrado motivos en su labor inspectora durante todo 2023 para aplicar sanciones firmes (lo que no descarta que haya expedientes en tramitación), tampoco ha recibido denuncias formales de particulares ni de asociaciones, asegura el director general de Desarrollo Rural de la Consejería, David Martín.
El alto cargo de este departamento regional destaca el empuje que el actual Gobierno ha dado a la labor de inspección para velar por el cumplimiento de la famosa Ley de la Cadena, con la creación de un área específica atendida por cuatro personas. Martín también resalta el número de inspecciones realizadas, alto en comparación con otras autonomías, y anuncia un programa más ambicioso para 2024, con 80 inspecciones previstas, que seguramente sí dará como resultado alguna sanción en firme.
«Hay que mantener la cadena de valor y, por supuesto, todo el mundo tiene que percibir precios por encima de los costes de producción», señala el director general, que apunta que el hecho de que en todo 2023 el Gobierno de La Rioja no haya impuesto ninguna sanción firme no es un dato para juzgar la efectividad de la labor inspectora.
Sí invita a particulares y organizaciones a denunciar si tienen constancia de incumplimientos, porque eso ayuda a la Administración en su labor de control, y señala que así como la Ley es muy nítida al definir plazos de pago y la obligación vigente desde el 30 de junio de 2023 de que las empresas registren todos sus contratos de compra a productores en la plataforma electrónica de la AICA, para que sean públicos, es más ambigua para detectar incumplimientos en la pérdida de valor de la cadena.
Martín ve margen de mejor en la Ley de la Cadena Alimentaria, por ejemplo en el hecho de que no se sometan a esta norma las importaciones de terceros países, cuando suponen en torno al 40 por ciento del consumo español.
Pese a esos resultados de la labor inspectora que argumenta el director general, desde UPA, Néstor Alcolea cree que el plan de inspección «ha sido poco ambicioso» y anuncia que pedirán una reunión a la Consejería para que les informe de los resultados de 2023. Cita el caso de Navarra, donde según informaciones periodísticas de esa región, el Ejecutivo foral ha incoado en tres años sanciones a 12 operadores con multas rondan los 600.000 euros en su conjunto. También denuncia el directivo de UPA el escaso cumplimiento de la obligación de registrar los contratos en la AICA, como exige la Ley.
Precisamente, las únicas referencias oficiales a sanciones firmes por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria en La Rioja en 2023 y en lo que va de 2024 provienen de la Agencia de Información y Control Alimentarios , que en su página web publica las multas impuestas a cuatro firmas riojanas: Almacenes Rubio SA, Carsa, FJ Santamaría Santos y Hermanos SL, las tres del sector de la patata, y Bodegas Martínez Lacuesta SA, en todos los casos (1.800 euros a cada una) por incumplir los plazos de pago.
Contratos, precios, plazos...
El debate sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria se ha venido centrando tradicionalmente en La Rioja en la vigilancia de los contratos para garantizar que no se producen ventas 'a pérdidas', es decir, que los agricultores, singularmente viticultores, no obtengan de las bodegas precios por debajo de lo que cuesta producir la uva. Sin embargo, los incumplimientos más habituales de esta norma, en vigor desde 2013, se refieren a la ausencia de contratos formalizados en las operaciones de compraventa y al incumplimiento de los plazos de pago a los proveedores.
Cierto es que el caso de la Comunidad riojana es difícil establecer esa casuística, dado que en todo 2023 no se incoó ningún expediente sancionador en las 27 inspecciones realizadas por el nuevo Área de Cadena Alimentaria y Estadística, de la Consejería de Agricultura. Sin embargo, en las cuatro multas que aplicó la agencia estatal AICA, dependiente del Ministerio, el motivo de incumplimiento fue el retraso en los pagos. Esa misma causa, junto al hecho de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, son los casos más recurrentes de sanción en los expedientes abiertos por las comunidades.
Por sectores, de las 382 sanciones que impuso el ministerio de Agricultura en 2023 en todo el país, incluidas las 4 incoadas por la AICA en La Rioja, 165 (43%) corresponden a empresas u otros operadores de comercialización de frutas y hortalizas y 96 (25%) al sector vitivinícola. En la comunidad riojana, las inspecciones de la Consejería se centraron principalmente en el sector del vino, con 12 controles, pero también en la fruta de pepita (10). En la almendra se realizaron 4 inspecciones y una en el sector lácteo.
séptima en inspecciones. En cuanto a la labor inspectora, La Rioja fue la séptima comunidad que más controles llevó a cabo el pasado año, con un total de 27, por detrás de Galicia (28), Cataluña (44), Madrid (49), Castilla-La Mancha (73) y Castilla y León (324).
Los operadores sobre los que recae un expediente sancionador se enfrentan a multas que van desde 250 a 3.000 euros en caso de infracciones leves; de 3.001 a 100.000 euros si son graves; y de 100.001 a un millón de euros para incumplimientos muy graves. Entre los supuestos de infracciones leves están, por ejemplo, no registrar los contratos de compraventa en la AICA. Ejemplos de sanciones graves son no realizar contrato, no pagar en plazo o pagar por debajo de costes. Las empresas que reincidan en conductas graves se enfrentan a las sanciones más altas.