El Ministerio de Política Territorial ha pactado con La Rioja la modificación de las leyes de accesibilidad universal y de biodiversidad y patrimonio natural.

Respecto a la controversia suscitada en relación con el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 1/2023, de 31 de enero, de accesibilidad universal de La Rioja, ambas partes entienden procedente que, por parte de la Comunidad Autónoma se promueva la correspondiente modificación legislativa a fin de ajustar su redacción al contenido de la normativa estatal.

En este sentido, la modificación normativa se remitirá, expresamente en su literalidad, a lo dispuesto en la normativa estatal vigente en cada momento sin perjuicio de que pueda incluirse en la misma, en relación al procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

La valoración del grado de discapacidad en el caso de los niños, niñas y adolescentes con cáncer tendrá en cuenta las consideraciones especiales previstas, para estas personas, en la normativa estatal.

En relación a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en materia de transportes a que hacen referencia los artículos 4, 37 y 38 de la ley, en particular las contenidas en el apartado 3 del artículo 37, serán de aplicación exclusiva a los transportes e infraestructuras de transportes terrestres y aéreos de competencia de La Rioja.

Por otro lado, se ha acordado la supresión de los artículos los artículos 6, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32 y 38 de la Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja.

También se ha acordado modificar el artículo 9, que queda: "Los planes rectores tienen un carácter vinculante, en los términos previstos en la legislación básica estatal, para Administraciones y particulares y prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con las de la normativa urbanística, esta se revisará de oficio por los órganos competentes".

Además, se adapta el apartado 1 del artículo 135 de esta Ley, que recoge. "La inclusión en el Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica, en el ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma, de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse".

Así, considera que "esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad competente cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben y teniendo en cuenta la relevancia de los aspectos sociales y/o económicos de la actividad a la que afecten".

El Gobierno ha logrado en octubre seis nuevos acuerdos con comunidades autónomas, en este caso con Baleares (2), La Rioja (2), Aragón y la Comunidad Valenciana, para evitar conflictos de competencias sobre otras tantas leyes.

En todos los casos se trata de normas legales aprobadas durante el mandato de los anteriores gobiernos socialistas de estas cuatro comunidades, relevados tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo por ejecutivos del PP.

Como ha informado el Ministerio de Política Territorial, los acuerdos de octubre, como en meses anteriores, se han alcanzado abriendo un proceso de negociación impulsado desde el Ejecutivo en las comisiones bilaterales de cooperación, un procedimiento que ha dado sus frutos en nueve casos en lo que va de esta legislatura y en 180 en la anterior.

Con Baleares se han logrado acuerdos sobre la Ley que modificaba la de 2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) y el Decreto Ley por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los daños producidos por la borrasca Juliette en la Serra de Tramuntana y otros lugares de la isla de Mallorca.

En el caso de Aragón ha sido la Ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario y con la Comunidad Valenciana la Ley de Viviendas Colaborativas.