El PSOE ha encontrado, en la acusación por fraude fiscal al novio de Ayuso, el argumento perfecto para desviar la atención del caso Koldo. Así, el martes, con la comparecencia de Pedro Sánchez en el senado, y este miércoles, en la sesión de control en el Congreso, el circo estaba asegurado. Pero todo comenzó con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz, Pilar Alegría, hacía juegos de palabras con la "fruta" para pedir explicaciones a la presidenta madrileña. El jolgorio no acabó aquí, porque un ministro tras otro no desaprovecharon la presencia de un micrófono cerca para sacar a colación la corrupción del PP.
En Génova, que llevaban días disfrutando con Koldo, Ábalos y sus "conseguidores", se encontraron de golpe con el caso de Ayuso y decidieron no soltar la presa, al tiempo que trataban de poner distancia entre el novio y la presidenta madrileña. Todo muy edificante. Y así se fue caldeando el ambiente hasta ahora mismo. Los gritos y las burlas de una bancada contra otra han vuelto a poner en evidencia el deterioro de la clase política que tenemos. Aunque, acostumbrada como está la ciudadanía al "y tú más", nadie se rasgue las vestiduras.
Curiosamente, Isabel Díaz Ayuso, de verbo fácil y faltón cuando se refiere a casos de la oposición, se mostraba compungida por la "campaña" en su contra y la persecución a su familia. Igual de indignado que estaba Pedro Sánchez cuando el PP pretendía llevar a declarar a su mujer Begoña por su relación con el dueño de Air Europa.
Sin embargo, Moncloa no ha sido capaz de poner en marcha la oficina anticorrupción, aprobada en el Congreso hace un año ya. No encuentran a ese candidato que sea capaz de suscitar unanimidad y que supere la elección por el Parlamento en un momento de crispación política extrema. Es decir, les preocupa mucho la corrupción, pero como argumento para tirarse los trastos a la cabeza. No por el robo de los caudales públicos pagados con los impuestos de todos.
En el Consejo de Ministros se aprobó también una ley que permitirá cambiar los juzgados de paz por oficinas de Justicia más amplias, con las que se pretende desatascar el colapso de muchas causas que se demoran años por falta de personal, además de facilitar gestiones y denuncias en pequeñas localidades. Pues de estos temas no se habló ni una palabra. Solo interesa la bronca.
Mientras, se acerca la fecha de la votación en el pleno de esta semana de la Ley de Amnistía y los independentistas dan por cerrado este asunto, exigiendo ahora pasar al punto dos: el referéndum de autodeterminación que esperan sea pactado. ERC, además, pretende hacer comparecer en la comisión que investiga la "persecución judicial" a determinados jueces. Entre ellos a García Castellón. El PSOE asegura que por ahí no pasan, pero... si es condición sine qua non para la aprobación de los presupuestos... ¿Va a aguantar el país, así, cuatro años?