El clima, el suelo y los cultivos no entienden de fronteras. A pesar de las líneas imaginarias que los humanos nos empeñamos en dibujar en los mapas, las tormentas de granizo, las sequías o las olas de calor no hacen distingos entre agricultores según su nacionalidad. Así lo han entendido COAG y la Confederação Nacional da Agricultura (CNA) de Portugal, que mantuvieron hace unos días un encuentro en Madrid para definir las prioridades agrarias para la Península Ibérica de cara a la recién estrenada Presidencia española de la UE.
En el actual contexto, ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de reclamar en Bruselas una agenda ibérica para afrontar los efectos del cambio climático en las explotaciones agrarias de España y Portugal y exigieron que los fondos lleguen rápidamente a los agricultores, en particular a los de pequeña y mediana dimensión. Además, pidieron que la Presidencia española de la UE se fije como prioridad la incorporación de jóvenes al sector agrario: «Es vital y estratégico potenciar el relevo generacional en el campo para garantizar una producción sostenible de alimentos y el desarrollo económico, social y medioambiental del medio rural».
El 'Manifiesto en defensa del modelo de agricultura familiar, social y profesional de España y Portugal' suscrito por ambas organizaciones considera a la agricultura, la ganadería y la alimentación como elementos estratégicos, tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental, así como para garantizar la seguridad alimentaria en ambos países y en Europa, algo que se ha demostrado con la pandemia del coronavirus. El documento hace hincapié en que hasta ahora, con muchos esfuerzos de los productores, el aprovisionamiento de productos agroalimentarios se ha mantenido estable pese a perturbaciones como el Covid-19 o el incremento inédito de costes de producción.
«Los agricultores, españoles y portugueses, hemos sido capaces de mantener un suministro estable y diverso de alimentos de la mayor calidad y seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en nuestros países se ha demostrado que es una realidad que no está garantizada. Incluso algunos países y responsables políticos e institucionales han descubierto ahora la soberanía alimentaria como estrategia de futuro, algo que nuestras organizaciones vienen planteando desde hace décadas», sostienen.
En el texto también inciden en que la actividad agraria en España y Portugal se tiene que enmarcar en un modelo determinado, el 'Modelo Profesional y Social y de Agricultura Familiar', que COAG y CNA defienden y representan, y a día de hoy es aún mayoritario. «Un modelo que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directamente y con sus familias sus explotaciones y del que obtienen su sustento. Este modelo contribuye al equilibrio territorial, participando en la conservación del medio ambiente, y en definitiva es clave para el mantenimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, así como base para la construcción de un sector agroalimentario para la soberanía alimentaria», asegura el manifiesto.
Paradójicamente, y a pesar de todo lo que ofrece a la sociedad, las organizaciones destacan que «nuestro modelo de agricultura se encuentra debilitado y en decadencia, con descensos en la renta agraria, desmantelamiento de la actividad productiva en amplios sectores y territorios, descensos de producción, cierre de explotaciones y pérdida de empleo, envejecimiento de los agricultores… Hasta ahora la política agraria, comprometida a contribuir para la concentración de la propiedad y de la riqueza, no ha tenido la voluntad de revertir este declive continuado».
Por ello avisan de que, en los próximos años, este modelo de agricultura se enfrentará a nuevos desafíos y exigencias adicionales. «La agricultura deberá garantizar en primer lugar el derecho a una alimentación sana para todas las personas ante una población global creciente, mayores costes y mercados más volátiles; es decir, soberanía alimentaria. En segundo lugar, esto deberá hacerlo de forma sostenible, preservando el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y contribuyendo a la mitigación del cambio climático (a la vez que se adapta a sus adversos efectos en la producción). En tercer lugar, habrá de hacerse intentando ser más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará recurrir a la innovación y, especialmente en el caso de la energía, a fuentes renovables, usando métodos agroecológicos adaptados a las realidades edafoclimáticas. Y en cuarto lugar, deberá hacer frente a los procesos de integración de la cadena alimentaria, el poder desmedido de la gran distribución que aplasta los precios de producción y la implantación de macroexplotaciones en manos de grupos de inversión que representan un modelo ajeno al nuestro, lo que amenaza la continuidad de la explotación agraria profesional independiente» (un proceso que COAG denomina uberización).
Reivindicaciones.
Ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado en el último marco financiero de la UE, en un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde que supondrán mayores costes para agricultores y ganaderos, lamentan. Así las cosas, COAG y CNA reivindican «precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, con mecanismos de gestión y regulación de mercado». En caso contrario no hay sostenibilidad, denuncian. Para ello han de abordarse el reequilibrio de la cadena de valor y la competencia con terceros países, más allá de un mejor reparto de las ayudas. «Tenemos que exigir que todos los productos que entren de terceros países se equiparen a los estándares de producción de la UE: normativas de bienestar animal, regulaciones de fitosanitarios, normativas medioambientales (nitrógenos, ganadería) obligaciones laborales, etc.».
También exigen «disponer de un período de adaptación para asumir los importantes cambios que se producirán, con un apoyo importante tanto en ayudas como en inversiones, formación y asesoramiento. Los agricultores y ganaderos son protagonistas de la lucha contra el cambio climático y liderarán el compromiso por un modelo agroalimentario sostenible, pero no podrán asumirlo si no se revisan todos los tratados de libre comercio con terceros países, estableciendo el principio de la soberanía alimentaria y condicionando las importaciones».
Asimismo, reclaman actuaciones en lo que concierne a los costes de producción, «cuya tendencia al alza ha reducido la rentabilidad del sector los últimos lustros. En este aspecto es imprescindible apoyar inversiones para reducir la dependencia energética de las explotaciones agrarias y favorecer el uso de energías renovables y también para avanzar en la transformación digital de las explotaciones agrarias. En COAG y CNA tenemos claro que, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo».
Por último, piden apoyos dirigidos a las pequeñas y medianas explotaciones y la agricultura familiar, que ocupan el territorio y aseguran la producción local y de temporada, potenciando los circuitos cortos. «Estas explotaciones deben ser una prioridad de la Política Agraria Común para garantizar sus ingresos e incluso su supervivencia, respetando sus formas de producción y sus especificidades».