La toma en consideración por parte del Congreso de los Diputados de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de extranjeros, un éxito para sus proponentes, que han concitado el apoyo de 900 ONG, es también valorado por la diputada socialista riojana Elisa Garrido, que intervino durante el debate parlamentario, con un discurso con el que «agradeció y reconoció» el trabajo de las asociaciones que han logrado un objetivo que no es fácil.
La exalcaldesa de Calahorra resalta las modificaciones introducidas en la Ley de Extranjería por el Gobierno de Pedro Sánchez, «que han permitido facilitar el trámite» para que muchas personas puedan recibir la ciudadanía española», y defiende la necesidad de establecer mecanismos para una migración «segura», un fenómeno al que hay que dar respuesta. «Nuestro país necesita emigrantes y personas que desean venir;hay que hacerlo de una manera ordenada», argumenta la diputada socialista, que insiste en la seguridad, tanto personal como jurídica.
Recuerda que se abre un trámite para enmiendas y tanto PSOE como PP ya han anunciado su intención de introducirlas para modificar el texto, documento que permitirá comprobar las bondades de la norma. Señala que serán los ejes que la sustenten los que definan cuántas personas saldrán beneficiadas. «Se ha abierto en el Congreso una ventana al diálogo para que entre todos los grupos podamos llegar a un acuerdo para redactar una norma que sea capaz de responder al espíritu de la ILP», señala Garrido, que considera que el retraso en su llegada al Congreso ha causado que la fecha que se fijó para la regularización -noviembre de 2021- en la actualidad carezca de sentido.
Diálogo social. Isabel Blanco, secretaria de Política Sindical de UGT, señala que desde el sindicato no pueden hacer otras cosa sino apoyar la toma en consideración de la ILP, aunque expresa sus dudas sobre a cuántas personas va a beneficiar y cómo se va a elaborar. Al respecto, apunta que debe realizarse dentro del diálogo social, al contrario que otros procesos efectuados en el pasado, «donde no se tenían en cuenta los derechos laborales» y tampoco se atajaba la economía sumergida. Razona que la manera en la que se desarrolle determinará los efectos en la población y la economía regional. Al hilo de esta reflexión, considera que debe tener en cuenta las condiciones en las que se vayan a incorporar al mercado laboral, porque los últimos procesos de regularización, que contaron con el consenso del diálogo social, lograron que se visualizaran los empleos de los que se estaba tratando y cómo afecta a los derechos de los trabajadores. «No solo es necesario saber cómo se va a a realizar, sino que se nos haga partícipes para que podamos garantizar los derechos de los afectados», argumenta Blanco, que le da más valor a que las medidas que se adopten contribuya a aflorar este tipo de trabajo que al número de personas a las que puede favorecer. Argumenta que conforme se van regularizando y legalizando este tipo de trabajadores, se reduce la economía sumergida, lo que redunda positivamente en la región y beneficia a personas que se encuentran en situaciones precarias y sin derechos. La responsable sindical apela al Gobierno para que «vaya un poco más allá» y acabe con una doble vara de medir, que permite a quienes tienen dinero regularizar su situación de manera inmediata, al contrario de lo que sucede con quienes carecen de él, que pierden «tiempo y oportunidades».