Una nueva huelga indefinida tendrá lugar en la Justicia riojana. Los funcionarios de esta administración están llamados a la huelga indefinida el próximo 22 de mayo. Así, lo confirmaron los representantes del sector de Justicia de los diferentes sindicatos que conforman el Comité de Huelga. Llevaban dos semanas de paro parciales y totales a la espera de que el Ministerio de Justicia presentara una oferta en la mesa de negociación que no ha llegado. Los 350 operarios judiciales, 45.000 en toda España, están llamados a la huelga en menos de dos semanas.
Los sindicatos hablan de que «el Ministerio de Justicia no ha tenido una verdadera voluntad negociadora, no habla con nosotros y parece que somos el patito feo de la administración». En un primer momento, tal y como asegura Begoña Ducrós, responsable del sector de Justicia de UGT, las reivindicaciones que llevaron a los funcionarios a iniciar los paros el pasado 17 de abril estaban más centradas en un reconocimiento de funciones más justo, incidiendo especialmente en el desarrollo de la carrera profesional que premia la formación y experiencia del funcionario y que el Congreso de lo Diputados todavía no ha terminado por desarrollar.
«Sin embargo, comprobamos que otros cuerpos funcionariales de Justicia, como los letrados conseguían mayores retribuciones salariales con sus movilizaciones y decidimos reclamar también las nuestras», afirma Ducrós que asegura que el ánimo de los funcionarios de Justicia de La Rioja «es de indignación. Pedimos perdón a la ciudadanía pero el Ministerio no nos ha dejado otra alternativa».
La próxima huelga en Justicia es el prólogo de un conflicto funcionarial que arrancó a principios de año y que amenaza por colapsar, de nuevo, la Justicia riojana. «Por manos de estos funcionarios pasan el 80% de los procedimientos judiciales: denuncias, notificaciones, juicios, sentencias», advierte Javier Ochoa, responsable de Justicia del sindicato CSIF. «nuestras reivindicaciones se centran en reclamar que la Ley de Eficiencia Organizativa se negocie con nosotros y no a nuestra espalda para que ésta no ponga en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y nuestras funciones». De hecho, los sindicatos reclaman funciones laborales claras y retribuciones más justas que van desde los 350 euros mensuales hasta los 430.
Según asegura el responsable de CSIF, Javier Jordán: «Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden y que además sirven para que la justicia funcione. Queremos que esas funciones se reconozcan y que se nos retribuyan de manera justa. Queremos también participar en el proceso de modernización de la Justicia. Queremos que se negocie la Ley de Eficiencia Organizativa». El responsable sindical avanza que esta huelga podría tener un gran impacto «porque se iniciará en pleno proceso electoral. Pero la pelota está en el tejado del Gobierno».
«Nos sentimos ninguneados», apunta Nino Sánchez de CCOO, «ha habido clasismo en esta negociación. Mientras que en el caso de los jueces y fiscales, el Ministerio se vino a negociar y a poner encima de la mesa una propuesta, en nuestro caso no ha habido nada de eso».
un nuevo colapso. Cuando algo no mejora, solo puede empeorar. Y la situación de los juzgados riojanos va por esa línea. Sin recuperarse de los efectos de la huelga de los letrados judiciales, se avecina otro paro que complica el desarrollo de procedimientos como juicios, sentencias, citaciones o pago de pensiones. Los tres meses de huelga anterior dejó un saldo demoledor en la administración de Justicia: 2.335 señalamientos suspendidos, de los cuales 1.250 fueron juicios; 33 desahucios paralizados, 450 comparecencias en el Registro Civil que no pudieron celebrarse y 2.120 diligencias de notificación por escrito bloqueadas.
Tras el acuerdo entre los letrados y el ministerio, tocaba hacer balance y organizar un plan de refuerzo para desatascar todos los procedimientos atrasados. Así lo anunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca. El propio presidente había tramitado 14 planes de refuerzo, 9 para jueces y magistrados, 14 para letrados judiciales y 18 funcionarios. Muchos de esos planes consistían en autorefuerzo con persona voluntario y remunerado.
Sin embargo, los planes todavía no se han puesto en marcha, tal y como confirman desde el TSJR, ya que deben ser aprobados por el Consejo General del Poder Judicial y por el
Ministerio de Justicia. Desde la organización de letrados judiciales se insiste en este punto: «no hay ningún plan en marcha. Solo se han remitido las necesidades pero no se ha hecho nada más».