La polémica por el uso de un millar de pozos de agua ilegales en cultivos próximos a Doñana ha transcendido tanto en la esfera económica como política y, sobre todo, ha tenido una enorme repercusión internacional después de la llamada al boicot que ha iniciado una plataforma de consumidores en Alemania contra las denominadas fresas de la sequía. 

La preocupación en el sector agrícola andaluz es máxima en un momento muy delicado por los altos costes de producción y ante una adversidad climatológica que no ayuda a superar sus dificultades y pone en peligro las cosechas. 

Los productores denuncian que están sufriendo, además, como la clase política que, lejos de tratar de paliar sus problemas, se ha enfrascado en una guerra para arañar un puñado de votos ante las próximas elecciones generales del 23-J.

En este sentido, el análisis que hacen medios de todo el mundo tampoco es menor y no deja en buen lugar a España al mencionar una pretendida guerra ambiental y económica con otra política.

Los economistas recuerdan que solo el campo de Huelva copa el 98% de la producción de frutos rojos de España y el 30% de la de la UE y es, además, el mayor exportador a Alemania o el Reino Unido y que el conflicto se ha desatado por la ley andaluza para legalizar regadíos en el entorno de Doñana. 

Se trata de una industria que emplea a 1.600 familias y que registra una facturación anual de más de 1.400 millones de euros y que, además de cumplir en su totalidad con la normativa comunitaria agraria, intenta defenderse como ya le ha ocurrido en otras ocasiones de las campañas de desprestigio alemanas al coincidir su cosecha de fresas con la del país germano.

En este sentido, las asociaciones y productores españoles enfatizan que cuentan con la certificación de sus productos así como que el 99% de las fincas de fresas que se cultivan en Huelva, Sevilla y Cádiz se riegan con aguas superficiales, totalmente legales. No obstante, denuncian que la amenaza y el riesgo para la reputación del sector le preocupa enormemente ante las fuertes inversiones que ha realizado en los últimos años para mejorar tanto en calidad como en cantidad.

Política de regadíos

Una de las conclusiones que se han sacado de esta polémica es que no puede ser que existan en la zona próxima al paraje de Doñana más de 1.000 pozos de riego ilegales y que, a día de hoy, España no cuente con una normativa que legisle los campos de regadío con especial cuidado en este tipo de zonas donde hay parajes protegidos o en otros donde si hubiera una política de agua eficiente se garantizarían explotaciones de mayor calidad y valor añadido.

Pero lejos de llegar a un acuerdo y defender el sector agrario frente a amenazas y boicots de países como Alemania, o en otros casos como Francia, los dos grupos políticos nacionales se han echado en cara las consecuencias de no haber actuado con contundencia y responsabilidad en las legislaturas pasadas. 

De nada sirve ahora que se quiera repudiar o pedir la dimisión a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, o se critique al titular de Agricultura, Luis Planas, por su escasa defensa del sector o que se haya hecho un uso partidista desde el PSOE con la visita de unos parlamentarios alemanes que finalmente no viajaron a las explotaciones de fresas de Huelva a conocer el conflicto.

En definitiva, el sector necesita de una legislación acorde al problema que sufre la industria agraria y, sobre todo, el apoyo político, social y económico para vencer estas contrariedades de grupos de presión que vienen del exterior.