La irrupción del covid ha obligado a realizar cambios inmediatos y sin margen de maniobra en todos los ámbitos de la sociedad. Sus consecuencias más visibles son las muertes, pero hay muchas otras que están requiriendo de la actuación de los servicios sociales. Incluso cuando no son atribuciones directas de estos.
«Los servicios sociales acabamos siendo un sistema residual del resto de sistemas que no llegan a cumplir su cometido, como pude ser en el ámbito de la vivienda o el empleo», sostiene Marta Alguacil, presidenta del Colegio de Trabajo Social de La Rioja.
«Con el covid hemos estado al pie del cañón desde el primer momento, pero eso ha implicado hacernos cargo de cuestiones que debería cubrir el sistema desde otras áreas. No podemos seguir en esta línea. El sistema de servicios sociales debe centrarse en el bienestar de la persona, la intervención social, la convivencia, las relaciones, las mediaciones…».
Cuestiones que, durante la crisis, han quedado relegadas a un segundo plano. «Hemos perdido derechos sociales desde el inicio de la pandemia y no podemos permitirlo porque ha costado mucho conquistarlos». Por eso, desde el Colegio de La Rioja, pero también desde el resto de colegios de España, se reclama una ley nacional de servicios sociales. «Debe quedar claro que los servicios sociales son otro de los sistemas básicos del Estado de Bienestar y que tienen entidad propia. Y, para eso, es necesario hacer una ley en condiciones» .
Para Alguacil, y para toda la estructura colegial, es preciso un documento base del que pendan las leyes autonómicas. «A nivel de La Rioja hay que cambiar todo lo que tiene que ver con la estructura de servicios municipales prestando especial atención a los municipios más pequeños», comenta.
«Se deben unificar las prestaciones de los municipios porque hay unas diferencias abismales en ayuda a domicilio y acceso a centros de días; y los precios varían mucho de un sitio a otro dentro de la propia Rioja».
El consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, considera que esa regulación estatal «debería ser muy básica y limitarse a la ordenación del sistema porque las competencias son de las comunidades». Sin embargo, reconoce que «puede ser importante para ordenar el sistema público».
INSTITUTO RIOJANO. El planteamiento del Colegio pasa por la creación de un Instituto Riojano de Servicios Sociales. «Lo hemos definido así, pero pueden llamarlo como quieran. La cuestión es que aglutine a todos los trabajadores sociales de las diferentes zonas, como sucede con salud».
Además, aboga por la creación de equipos multidisciplinares en cada una de esas zonas. Esta organización no solo mejoraría la calidad del servicio, sino que también supondría paliar la precariedad laboral en un año especialmente duro. «La carga psicológica durante esta pandemia ha sido enorme, pero somos invisibles».
Todas estas propuestas ya comenzaron a debatirse con el consejero popular Conrado Escobar. «Se creó un grupo de trabajo al que se dio continuidad con Ana Santos». Tras su destitución, en agosto, el Colegio quiere continuar las conversaciones con el nuevo consejero. Una propuesta que Rubio recoge con agrado: «Este año no hemos podido cuadrar agendas, pero prevemos un encuentro en enero. Estamos a su disposición».