La auditoría administrativa encargada por el actual Gobierno regional para comprobar cómo se había iniciado el proyecto del Centro Nacional del Envase y el Embalaje en Calahorra dictamina que el proceso de compra de los terrenos hecho por el anterior Gobierno fue nulo de pleno derecho al no seguir los trámites marcados por la ley.

Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Economía de La Rioja, Belinda León, durante una comparecencia a petición del Grupo socialista para dar cuenta de la situación del proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje, de la que forma parte el Centro Nacional.

La consejera se ha centrado en el proceso de compra de los terrenos, por más de 5,7 millones de euros, y ha relatado los pasos dados por el anterior Ejecutivo "del que yo creía que todas sus actuaciones respetaban la legalidad" pero "he visto que la realidad supera a la ficción".

León, no obstante, ha aclarado, a los periodistas, que la intención del Gobierno regional es continuar con el proyecto, y, por eso, se han consignado en el presupuesto de 2024 alrededor de 13 millones de euros para él; pero antes los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma deben emitir un dictamen sobre los siguientes pasos a dar y cómo proceder ante las irregularidades administrativas que se cometieron.

 La consejera ha recalcado en su intervención que los técnicos de la ADER advirtieron al entonces consejero, Jesús Ángel Lacalzada, de las irregularidades de la operación, pero él no lo tuvo en cuenta.

Una operación que no parece lógica

Ha incidido en que "el nudo gordiano" de esta situación es el proceso por el que la ADER compró los terrenos, que luego se iban a vender a esa Fundación "algo que, en principio, no parece muy lógico" y para lo que "había informes internos de la propia Agencia de Desarrollo que no avalaban la operación".

De hecho, ha afirmado que el propio Lacalzada modificó el procedimiento por el que esta Agencia realizaba transferencias económicas, que hasta el 9 de septiembre de 2022 necesitaban dos firmas, de un técnico y del presidente o el gerente de ADER; desde ese día podían firmas esas transferencias el presidente y el gerente.

"Ese mismo día, desde el control interno de ADER le dijeron que la operación no respetaba el procedimiento administrativo, porque no había ni la autorización pertinente del Consejo de Gobierno no una cauda jurídica para proceder así y tampoco se había completado el expediente", ha detallado la consejera.

Ha explicado que fue el director de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma quien dice que la operación se basa en razones de oportunidad, "que no jurídicas" lo que se aceptó para después autorizar desde el Consejo de Gobierno el pago de más de 5,7 millones de euros por los terrenos, a 61,16 euros el metro cuadrado, ha especificado.

Por ello ha llamado la atención sobre "cómo una Fundación pública puede construir un centro en un terreno que no es suyo" y "cómo se puede prometer la venta de terrenos a 35 euros el metro cuando por ley no se puede hacer por debajo del precio de compra".