El conductor del triple atropello mortal ocurrido el pasado abril en la localidad de Suesa (Ribamontán al Mar), en el que falleció una calceatense de 68 años, ha ingresado en la cárcel de El Dueso, en Santoña, por orden de la Audiencia Provincial de Cantabria, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Las otras víctimas, que al igual que la riojana se alojaban en el camping de la localidad con familiares, fueron una madre (42 años) y su hijo (19), ambos vecinos de Sestao (Vizcaya).
La AP ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza cuatro meses después de que el hombre atropellara , en Semana Santa, con su vehículo a estas tres personas que murieron en el acto y colisionara con otro coche, cuando circulaba tras haber ingerido alcohol y consumido medicamentos. El implicado ingresó en el centro penitenciario de El Dueso ayer, lunes, tras dictar la Audiencia el correspondiente auto, puesto este martes a disposición de las partes y contra el que no cabe recurso ordinario alguno. En él, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y las acusaciones particulares --ejercidas por familiares de las víctimas-- contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, que el pasado 5 de abril acordó la libertad provisional del conductor.
Velocidad y alcohol. El suceso ocurrió sobre las 20.00 horas del pasado 4 de abril cuando este conductor, Jaime A.F., de 73 años y vecino de Ribamontán al Mar, perdió el control de vehículo, se salió de la vía en la carretera autonómica CA-433 a su paso por Suesa y arrolló a tres personas que estaban caminando por el paseo peatonal aledaño a la vía y que fallecieron. El conductor casi triplicó la tasa de alcoholemia --dio 0,73 mg/l en sangre-- y circulaba a una "indeterminada velocidad" superior a la reglamentaria, que era de 50 kilómetros por hora, según el auto del juez.
Al día siguiente y tras tomarle declaración, el juez Carlos Miguel Arcay, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, en contra del criterio de la Fiscalía y la acusación particular, le dejó en libertad y le impuso la obligación de comparecer ante el juzgado semanalmente, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada cautelar del permiso de conducción, al considerar que no existía riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Tanto la Fiscalía como la acusación particular presentaron recursos de reforma contra la decisión del juez pero éste los rechazó y por eso apelaron a la Audiencia Provincial que ahora ha decretado prisión provisional para el implicado.
Prisión provisional. Y es que la Sección Tercera de la Audiencia entiende que se dan todos los requisitos que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la adopción de la prisión provisional: que los hechos puedan encajar en delitos cuya pena prevista sea de dos años de prisión o superior, que existan indicios que apunten a la responsabilidad del investigado; o que con esta medida se evite que pueda cometer hechos similares. En este sentido, señala en su auto que "procede acordar su prisión provisional comunicada y sin fianza para garantizar que no siga siendo un peligro para la seguridad del tráfico, tanto rodado como peatonal".
Entre los elementos que el tribunal ha tenido en cuenta, se encuentran, entre otros motivos, lo que la Guardia Civil encontró en su vehículo tras el atropello y la posterior colisión -botellas de diversos licores-, su edad avanzada, la "escasa contrición" apreciada en sus declaraciones judiciales y la "posibilidad de que vuelva a conducir un vehículo -a pesar de la retirada cautelar del permiso de conducción- y que vuelva a ser protagonista de un accidente con las gravísimas consecuencias que ha tenido el que es objeto de autos".
En su auto, la sala analiza los tres requisitos exigidos para adoptar la medida cautelar de prisión provisional, una medida que es excepcional.
Así, señala que "sin que sirva de prejuicio, los indicios que se derivan de lo actuado hasta el momento permiten afirmar, aparte de la gravedad y trascendencia que han tenido los hechos", que el requisito de que encajen en un delito castigado con pena superior a dos años de prisión "se cumple plenamente". En este sentido, explica, se trataría de un delito doloso contra la seguridad vial con temeridad manifiesta, lo que "resulta patente tanto de la existencia de alcohol en sangre como de la muy elevada velocidad a la que circulaba"; y de un delito de homicidio por imprudencia grave, dada la "notoria gravedad" de lo sucedido, con resultado de tres muertes. En cuanto al requisito de la existencia de indicios que apunten a la responsabilidad criminal del investigado, señala la sala que "no hay duda alguna" y que "ni siquiera se niega por su defensa".
Por último, la ley exige que concurra alguno de estos fines: asegurar la presencia del investigado en el proceso; evitar que oculte, altere o destruya pruebas; evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas; y evitar que pueda seguir cometiendo hechos delictivos.