Que Junts es un partido independentista se sabe desde que Artur Mas inició el tránsito posconvergente, puso en marcha la revolución del procés -que acabó devorándole- y tuvo su punto culminante en el referéndum ilegal del 1-O, convocado con el apoyo de ERC, otro partido que no oculta sus intenciones soberanistas. El partido en el que el prófugo de la justicia Carles Puigdemont actúa de factótum tiene un grupo parlamentario que "al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda", dijo el vicesecretario popular, Esteban González Pons, en unas palabras que le perseguirán siempre, aunque ahora la dirección del PP está dispuesta a disolver a los partidos que convoquen un nuevo referéndum de autodeterminación mediante la tipificación de los delitos de deslealtad constitucional, para fortalecer así la defensa del Estado de Derecho
Como las declaraciones de González Pons son del 23 de agosto, y la dirección del PP ya ha reconocido que la reunión con Junts se produjo en la primera quincena del mes de agosto, es fácil suponer que existe una relación causal entre una cosa y la otra y que, al margen de la imposibilidad de que llegaran a algún acuerdo, hubo movimientos internos en el PP que criticaron ese "café informal", que luego ha utilizado Feijóo para afirmar que si no es presidente del Gobierno es porque no ha querido asumir las exigencias de Junts, sin tener en cuenta la contraindicación del necesario apoyo de Vox y la incompatibilidad entre ambos partidos.
A pesar de todo, en el PP no destierran la idea de que en algún momento Junts se harte de Pedro Sánchez si la ley de amnistía tropieza, y acaben uniendo sus votos en una moción de censura, porque el interés de todos sería desahuciar a Sánchez de La Moncloa. Al fin y al cabo, Feijóo también ha hablado en algún momento de la necesidad de "normalizar" las relaciones con el independentismo. Justificar el diálogo con Junts, y al mismo tiempo amenazar a este partido con su disolución si "lo vuelven a hacer" tiene su punto de contradicción.
Ahora la estrategia simultánea del PP es la de atacar sin remisión a Pedro Sánchez y segar la hierba bajo los pies al partido de Santiago Abascal por el procedimiento de arrebatarle una bandera que hasta ahora Vox había enarbolado en solitario, en el proceso de tratar de reducir la base electoral de la ultraderecha para su incorporación a lo que el PP llama "la casa común del constitucionalismo", y de esa forma tener posibilidades de pactar con otras fuerzas políticas. En esa línea va la propuesta de disolución de partidos democráticos en la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía que ha presentado, para contrarrestar el "vaciamiento del Estado de Derecho", pero Vox ya ha subido el precio de la apuesta ilegalizadora en su propia enmienda.
Aunque no hay ninguna posibilidad de que esas enmiendas salgan adelante, ambos partidos son conscientes de que la disolución de partidos democráticos, pese a que mantengan posiciones contrarias a los preceptos constitucionales, tiene muchos visos de inconstitucionalidad. Cuestión distinta es que propongan la recuperación de los delitos de sedición o de convocatoria de referendos ilegales cuando alcancen la mayoría necesaria.